Diputados se alistan para discutir en comisiones la reforma eléctrica

A más tardar el próximo 4 de abril a las 11:00 horas los miembros de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tendrán en sus manos el dictamen definitivo de la reforma eléctrica, que se comenzará a discutir el lunes 11 de abril en la sesión permanente que quedó instalada este lunes y entró en receso en espera del documento.  

Con la mayoría de asistencia de los más de 70 miembros que componen estas comisiones, de manera presencial en el Salón Legisladores de la República de San Lázaro, se instaló de manera permanente la sesión de estas Comisiones para dictaminar la iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en su contenido energético.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 1 de octubre una iniciativa cuyo contenido primordial establece que la generación de electricidad en México sólo podrá tener 46% de participación privada y el resto será obligación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que volverá a ser una sola empresa verticalmente integrada, tendrá la figura legal de organismo autónomo en términos presupuestarios, integrando de nueva cuenta al Cenace y con exclusividad en el resto de las actividades del negocio, además de la obligación constitucional del Estado de conducir la transición energética hacia renovables, pero con un orden de despacho de la generación en que primero irán las renovables de la CFE, luego el resto de sus plantas y después los generadores privados renovables y fósiles.  

También plantea que los reguladores del sector, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pierdan su autonomía presupuestaria y de gestión para volver a ser desconcentrados de la Secretaría de Energía. A la vez, le da a la nación la exclusividad para explotar el litio, necesario para producir baterías de almacenamiento de la electricidad.  

Finalmente, propone que todos los permisos y contratos para generación de electricidad se cancelarán para revisarse y renegociarse, con lo que a decir del gobierno en múltiples ocasiones los contratos de interconexión con la CFE para techos solares no corren peligro, pero los permisos particularmente legados de autoabasto y producción independiente de energía, además de los mayoristas que se otorgaron para vender entre privados en el mercado mayorista desde la reforma del 2013 deberán renegociarse para que todos le vendan a la CFE, que será el único suministrador de todos los tamaños en el país.  

Con la asistencia de los legisladores que apoyan el cambio constitucional, de Morena, el Partido Verde, Encuentro Social y el Partido del Trabajo (PT), y los que están en contra, encabezados por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano; pero con un PRI que se ha reservado su postura y cuya decisión definiría el destino de esta reforma cuya aprobación requiere de mayoría calificada de dos terceras partes de cada Cámara, se definió así que finalmente la discusión será después del ejercicio de votación para revocación de mandato del presidente de la República, que será el 10 de abril.  

Y en la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, Movimiento Ciudadano y el PAN solicitaron que la próxima discusión antes de que si se aprueba se lleve al Pleno de la Cámara de Diputados, se realice de manera presencial únicamente y no semipresencial como quedó establecido, aunque la mesa directiva de las comisiones no apoyó la moción hasta el momento. A la vez, el PT pidió apoyo a la Junta de Coordinación Política que se otorgue máxima publicidad a todo el proceso legislativo en este tema.  

Esta reforma ha provocado una gran polémica particularmente entre la industria de las renovables, quienes aseguran que el cambio de reglas detendrá inversiones por hasta 50,000 millones de dólares por lo que se cancelará y los proyectos que buscarán otro destino para invertir.  

Además, diversos representantes gubernamentales de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han manifestado su rechazo a estos cambios buscando proteger a las empresas de estos países que tienen planes o proyectos en marcha en México, y cuyos derechos adquiridos podrían verse violentados llevando a arbitrajes internacionales bajo el amparo de los distintos tratados de libre comercio que tiene México, incluido el recientemente firmado Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  

Por último, ambientalistas se han manifestado en contra de los cambios ya que aunque consideran adecuado que la transición hacia una canasta de generación donde predominen las energías limpias quede a nivel constitucional, el orden de despacho que da prioridad a la CFE frenará la posibilidad de alcanzar las metas de la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París, de llegar a 35% de energía limpia en 2024. Hoy el país está en 29% gracias a la nuclear e hidroeléctrica de la CFE y al crecimiento que tuvieron las renovables solar y eólica, que de cero pasó a 7,000 megawatts instalados en el caso de la fotovoltaica y se duplicó en cinco años llegando también a este volumen en el caso de la energía generada por el viento gracias a los incentivos que se obtuvieron como las subastas de largo plazo, establecidas en la reforma del 2013 y que fueron canceladas en esta administración además de que en la reforma actual prohíben el mecanismo fundamental para incentivar la instalación de renovables y es que pueden vender certificados de energía limpia.

karol.garcia@eleconomista.mx

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