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Escala tensión de Oro Negro con acreedores
Entre roces, bonistas de la empresa tomaron control de una de cinco estructuras; “fallo internacional nos protege”, aduce la compañía ligada con el hijo de Francisco Gil Díaz.
Los conflictos legales y financieros de la arrendadora de plataformas petroleras Oro Negro apenas comienzan y ya no sólo involucran a Petróleos Mexicanos, sino que en las últimas horas se agudizaron luego de que un juez ordenó la restitución de los activos a sus acreedores, quienes tomaron control sólo de una de cinco plataformas en juego, por lo que a las medidas cautelares y amparos interpuestos ante esta orden se han sumado recursos de revisión en cortes internacionales e incluso enfrentamientos físicos frente a las costas de Campeche.
Roberto García, representante legal de los 170 tenedores de bonos por 950 millones de dólares que levantó la empresa, explicó que otro abogado de su equipo, Ricardo Contreras, lleva cuatro días en la plataforma Decus, ya que fue la única en la que equipos custodiados por la PGR pudieron descender para cumplir con la toma de control ordenada por el juez, porque las otras cuatro, Primus, Fortius, Laurus e Impetus, están en poder por trabajadores de Oro Negro, quienes dispararon cañones de agua, argumentando trabajos de mantenimiento para evitar el descenso de los helicópteros.
Ricardo Contreras “es el único con poder legal para estar ahí”, dice Roberto García. El resto de los ocupantes, que son alrededor de cinco empleados de Oro Negro por cada una de las plataformas restantes y otros 20 en la infraestructura donde él se encuentra, están violando la orden del juez de control de la Ciudad de México, Enrique Cedillo, que fue mostrada durante la conferencia de prensa.
Desde su arranque, en el 2012, Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro fue blanco de señalamientos como conflictos de interés de sus directivos: José Antonio Cañedo White, Luis Ramírez Corzo (exdirector de Pemex) y Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y fundador del fondo Axis Capital, que en 2013 levantó también 200 millones de dólares mediante certificados de inversión provenientes de Afores Banamex y Sura para capitalizar operaciones de Oro Negro.
Luego de la adquisición de una empresa estadounidense, en tres años el valor de los contratos de Oro Negro con Pemex se elevó a más de 1,500 millones de dólares, con lo que llegó a tener una participación de 8% en estas actividades de la estatal.
Pero con la baja en los precios internacionales Pemex cayó en impagos a proveedores. La petrolera estatal buscó renegociaciones de contratos, pero la subsidiaria perforadora Oro Negro solicitó voluntariamente la declaración de concurso mercantil, para preservar las operaciones, además de que inició el juicio ordinario mercantil. Pemex canceló los contratos y posteriormente Oro Negro acusó a la estatal de haber precipitado su quiebra luego de negarse a recibir sobornos. Sin ingresos, la firma cayó en impagos con los acreedores de los bonos, que ahora pretenden quedarse con las plataformas como una vía para recuperar su inversión y renegociar servicios para Pemex.
Por lo pronto, Oro Negro interpuso un recurso de apelación en una Corte de Distrito de Nueva York en que la jueza Shelley C. Chapman le otorgó la revisión del caso, orden que según los abogados de los acreedores requiere de homologación internacional que puede tardar meses. También interpusieron otro amparo en la Ciudad de México que podría otorgarles la suspensión del acto de restitución.
Oro Negro responde
La versión de Oro Negro es la siguiente: el abogado de los acreedores lleva cuatro días en Decus de manera ilegal y la abordó aventándose de un helicóptero y poniendo en riesgo la vida de un tripulante. Además, no se ha negado el amparo, porque es un procedimiento que lleva un plazo considerable para resolverse. A la fecha, la empresa ha pagado la totalidad del IVA. El juez del concurso mercantil tiene absoluta competencia en relación con preservar la viabilidad de la empresa y tiene las facultades necesarias para que sus resoluciones sean válidas y obligatorias.