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Falta de reglas en consulta indígena inhibe inversiones
En el sector energético hay dos proyectos detenidos; GMI Consulting urgió a la creación de un organismo que dé seguimiento a estos procesos.
La falta de reglas sobre consulta a pueblos indígenas de sitios donde se pretende colocar proyectos de infraestructura ha frenado al menos dos megaproyectos desde la aprobación de la reforma energética y hay más de 11 consultas en vigor en todos los sectores. La urgencia de homologar estos procesos, con un piso de principios y participantes y la noción de que se trata de una negociación, no de un requisito, inhibirá la incertidumbre que hoy existe y que frena inversiones de miles de millones de dólares.
Así lo estableció Juan Pablo Gudiño, director jurídico de GMI Consulting, quien aseguró a El Economista que se debe implementar un marco legal homologado para el proceso de consulta indígena. Una consulta genera costos de entre 500,000 y 800,000 pesos al año, explicó, y puede durar entre tres meses y cinco años, dependiendo de la problemática del sitio.
En energía, la consulta libre e informada a grupos indígenas como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que como tratado internacional está en el rango jerárquico de la Constitución, es el primer requisito para el arranque de cualquier proyecto en sitios con presencia de grupos originarios. En el país hay 21 millones de indígenas (17% de la población) repartidos en 54 tipos de grupos étnicos distintos.
Por tanto, urgió por una reforma que involucre a los tres órdenes de gobierno para la creación de un organismo dedicado exclusivamente a dar seguimiento a estos procesos. Asimismo, se debe crear la ley de Consulta, que como piso establezca los principios generales de todas los procesos, sus etapas, los sujetos obligados a intervenir y la obligación explícita de quién debe realizarla.
En la actualidad existen 11 procesos de consulta en el país, que incluyen carreteras, acueductos, planes turísticos y hasta diseño de instrumentos legales, en el Estado de México, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Puebla y Oaxaca, detenidos
La Secretaría de Energía tiene registrados cuatro procesos de consulta, de los cuales dos todavía están en etapa de litigios. Uno es la hidroeléctrica Puebla 1 de Deselec-Comexhidro, para autoabasto de Walmart, Suburbia, Waldo´s Dólar, Operadora Vips, Colchas México e Ileana Jinich Mekler, en San Felipe Tepatlán, Puebla. Ahí, la consulta se llevó a cabo durante el 2015 y a pesar del compromiso de un programa de apoyos comunitarios, comunidades nahuas y totonacas lograron la suspensión mediante un amparo hace un año, argumentando que la consulta no fue libre e informada ni se realizó en su idioma. Según la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica, ello ha detenido inversiones de 19,000 millones de pesos. Igual ocurre en la comunidad zapoteca del Espinal en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el parque eólico de 132 turbinas de Eólica del Sur, que tiene detenida una inversión de 1,200 millones de dólares en el otro proyecto Mareña, frenado desde el 2013.