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Gobierno deberá acatar fallo judicial en Santa Lucía: colectivo
No existe ningún recurso legal con el que el gobierno federal pueda argumentar el “interés de la nación” para defender el proyecto de construir un aeropuerto civil en Santa Lucía, afirmó el abogado de MCCI y el colectivo #NoMásDerrroches, Gerardo Carrasco.
No existe ningún recurso legal con el que el gobierno federal pueda argumentar el “interés de la nación” para defender el proyecto de construir un aeropuerto civil en Santa Lucía, afirmó el abogado de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el colectivo #NoMásDerrroches, Gerardo Carrasco.
El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó actos de sabotaje legal contra los proyectos de infraestructura de su gobierno, y criticó específicamente los 147 amparos que se han interpuesto para impedir la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
“En su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional, pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país”, sostuvo López Obrador luego de que el colectivo #NoMásDerrroches obtuvo la semana pasada una suspensión definitiva contra el estudio de impacto ambiental.
Al respecto, en entrevista, el abogado de MCCI y del colectivo #NoMásDerrroches, Gerardo Carrasco, dijo que “pareciera que no hay una información exacta desde el punto de vista jurídico por parte del gobierno federal, o quizás estén confundiendo término. Lo que procede en contra de una suspensión definitiva conforme a derecho mexicano es un recurso de revisión, y esos recursos ya los han estado interponiendo. Es su derecho por ser contrapartes en el juicio, pero un recurso para poner por delante el interés de la nación, no conozco que exista como tal. No hay en el derecho mexicano una figura que permita al gobierno sustraerse del cumplimiento de una orden judicial por razones políticas o de cualquier otra índole”, aseveró.
Afirmó que “el presidente, y todo el gobierno, están obligados a acatar lo que digan los jueces, porque al final el Poder Judicial es el último garante de los derechos humanos en este país. Cualquier determinación, en un equilibrio de poderes, es obligatoria para cualquier autoridad”.