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Gobierno federal cuestiona aportación de la minería al desarrollo económico
Las empresas del sector pagan al Estado alrededor de 0.4% del PIB, pero sus ingresos representan 2.3 puntos del producto, expuso el gobierno en su justificación para modificar las reglas bajo las que opera el ramo.
El gobierno federal cuestionó la aportación de la minería al desarrollo económico y la redistribución de la riqueza en México.
Como parte de sus argumentaciones al presentar una iniciativa de reforma a la Ley Minera y otras leyes relacionadas con esta industria, el gobierno expuso que los ingresos provenientes de la minería representan un poco más de 72,923 millones de pesos (0.4% del PIB).
Esa aportación a los ingresos del Estado se encuentra muy lejos de los ingresos que perciben quienes participan en el sector minero”, agregó enseguida.
Tan sólo en 2019, recibieron ingresos por 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB), además de ser la quinta actividad con mayor generación de divisas, con una aportación de 18,405 millones de dólares.
“Lo anterior evidencia que la actividad minera no es representativa para el desarrollo económico y la redistribución de la riqueza en el país, por lo que no se justifica la preferencia que tiene sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno o del agua, pues su aportación no es considerable frente a los estragos que ha ocasionado la extracción de los minerales, como el deterioro del medio ambiente, el uso irracional del agua, la contaminación de ríos, cauces y la deforestación, entre otros fenómenos”, arguyó también.
Adicionalmente, según el gobierno, se observa que los ingresos derivados de la explotación y beneficio de los minerales o sustancias materia de la concesión que permite la Ley, se quedan en los países extranjeros que participan en las empresas mexicanas (una cobertura de 43.8%), por lo que tampoco justifica su preferencia.
Ya la Ley Minera fue modificada el 20 de abril de 2022 para designar las reservas de litio de México como parte de su patrimonio nacional.
De acuerdo con la Ley Minera, el Poder Ejecutivo es responsable de designar un organismo público descentralizado para llevar a cabo toda la exploración y el uso de las reservas de litio.
De acuerdo con la Constitución y las leyes mexicanas aplicables, las actividades mineras sólo pueden ser llevadas a cabo por el gobierno o, alternativamente, por personas físicas o jurídicas mexicanas, si se les otorga una concesión gubernamental.
Las reglas actuales
Las leyes mexicanas permiten la inversión extranjera, incluidas las participaciones mayoritarias, en empresas mineras mexicanas, con la única excepción de la extracción de minerales radiactivos.
A su vez, las normas sobre inversión extranjera y minería permiten a los inversores extranjeros tener una participación mayoritaria en cualquier empresa mexicana dedicada a actividades mineras durante el período de concesión.
Estas regulaciones de inversión extranjera tienen el objetivo de promover el desarrollo de la industria minera, ya que permiten: una exploración más amplia, el descubrimiento de nuevas fuentes de financiación para las operaciones y un mayor desarrollo tecnológico nacional.
Hasta ahora, en virtud de la Ley Minera mexicana, las empresas privadas obtienen concesiones para explorar durante un máximo de seis años y para explotar minas durante un máximo de 50 años (la referida iniciativa de reforma reduce el plazo a 15 años, prorrogable por otro periodo igual).
El gobierno federal criticó que la persona titular de la concesión minera puede actualmente “desistirse” en cualquier momento de la concesión, independientemente de que existan afectaciones medioambientales por la explotación minera, y no tiene obligación alguna para restaurar el suelo, gestionar residuos o evitar afectaciones futuras a las poblaciones cercanas.