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Hacienda aligeraría costo de trámites por uso del espectro
El planteamiento es reducir el precio de estudios de solicitud, expedición, reexpedición o ampliación de los certificados de homologación de aparatos destinados a telecomunicaciones.
Ilustración: Nayelly Tenorio
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone homologar las cuotas de cobro por el uso del espectro radioeléctrico, las cuales se revisarán a la baja, de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Derechos (LFD) 2023.
La reforma al artículo 174-J se propone a efecto de reflejar el nuevo esquema de homologación establecido en los lineamientos vigentes, en los cuales se contempla la expedición de los certificados de homologación tipo A, B y C de productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones o radiodifusión, así como su reexpedición o ampliación, detalló la SHCP.
La modificación a la Ley Federal de Derechos es sobre los precios -de hasta 3,193 pesos- por el estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición, reexpedición o ampliación de los certificados de homologación de productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones o radiodifusión. Actualmente, la ley establece que el pago máximo es de 7,728 pesos por un permiso.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), comentó a El Economista que lo que se busca en la Iniciativa de la Ley Federal de Derechos es reducir los costos de los trámites del cobro del espectro radioeléctrico para que exista una mayor inversión, cobertura universal y una mayor velocidad de descarga.
El especialista agregó que en México se requiere que las tarifas por el uso del espectro radioeléctrico estén, por lo menos, a la par de las prevalecientes en América Latina.
México, de los más caros
México es el país que más cobra por el uso del espectro radioeléctrico en la región y ello inhibe la inversión en infraestructura de conectividad, lo que impide aumentar la cobertura de servicios de telecomunicaciones y limita su calidad.
“El 91% de lo que cuesta el despliegue (inversión física) de una red son los pagos anuales a lo largo de una concesión por la LFD que además lo que hace es evolucionar en función de la inflación y a veces cada año se va cobrando más es decir no hay certeza jurídica, si no que cada año se puede cobrar más”, sostuvo Bravo.
Bravo explicó que la situación actual del alto costo del espectro radioeléctrico ha llevado a operadores cómo Telefónica a devolver parte de las frecuencias que le fueron concesionadas.
En el 2019, Telefónica se convirtió en la primera empresa en devolver al Estado las bandas de espectro, y en su lugar optó por un modelo de compartición de infraestructura con AT&T y Altán Redes para continuar con su operación.
La devolución de las frecuencias implicó que dejaran de ingresar al erario unos 1,100 millones de pesos en pagos de derechos, de acuerdo con datos de la consultora The Ciu.