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Industria automotriz advierte sobre riesgos por la reforma judicial y pide certeza jurídica
Los presidentes de la AMDA y la ANPACT pidieron a los legisladores a que sumen las voces de los empresarios y sociedad en la elaboración de las leyes secundarias de la reforma.
Foto: Cortesía.
La industria automotriz en México lamentó la aprobación de la reforma al Poder Judicial que contempla la elección popular de los magistrados, que conlleva a debilitar el sistema de justicia.
Los presidentes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Caniones y Tractocamiones (ANPACT), Guillermo Rosales y Rogelio Arzate, se pronunciaron porque se garantice certeza jurídica y los legisladores sumen las voces de los empresarios y sociedad en la elaboración de las leyes secundarias de la reforma.
“Con el fin de garantizar que haya circunstancias idóneas para traer y seguir concretando y manteniendo la inversión en México, creemos que la reforma judicial que se aprobó en el Senado de la República el día de ayer, -ahora- los procesos para asegurar y garantizar el estado de derecho y la certeza jurídica normativa deben trabajarse e implementarse en los siguientes pasos con las leyes secundarias”, dijo el presidente de la ANPACT.
Agregó que las leyes secundarias deben brindar “claridad, certeza, imparcialidad y del profesionalismo que garantiza todo este proceso y obviamente la correcta administración e impartición de la justicia en favor de México”.
Guillermo Rosales sostuvo que se abren “riesgos” importantes que pueden llevar a un debilitamiento de la justicia, por lo que urgió a mejorar el funcionamiento y las estructuras de la justicia en México.
“No nos queda más que esperar e igualmente, tratar de ser escuchados para que en lo que son las leyes secundarias que darán cauce a la implementación de la reforma constitucional que finalmente se definida cuando las legislaturas de los estados se hayan pronunciado al respecto”, señaló el presidente de la AMDA.
Planteó la necesidad de fortalecer y otorgar un mayor grado de certeza jurídica y atenuar o disminuir los impactos negativos que se han previsto con la aprobación de esta reforma.