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Inversiones previas blindarían proyectos de disputas sociales
Los gasoductos son un ejemplo de donde se han presentado conflictos sociales con habitantes aledaños a las obras.
Foto: Cuartoscuro
Desde los últimos cuatro años hay por lo menos 53 proyectos de construcción en las industrias energética y extractiva que se encuentran detenidos gracias a que comunidades apoyadas por organizaciones no gubernamentales han obtenido suspensiones judiciales por amparos que denuncian violaciones a derechos humanos. Esto implica inversiones por cerca de 50 millones de dólares y controversias como las que se han suscitado en torno a los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pero las empresas tienen una oportunidad si siguen las recientes recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizando inversiones ex ante que les permitan apoyar las necesidades de las comunidades, detalló Juan Pablo Gudiño, director general de la consultora legal Igual Consultores.
El pasado 29 de mayo, la CNDH emitió la Recomendación General 37 en materia de respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas. Ésta se encuentra dirigida al gobierno, aunque contiene alcances que colocan a las empresas como sujeto obligado a respetar los derechos humanos.
Lo anterior, luego de que se identificaron 65 recomendaciones en las que existe participación de empresas en la violación de derechos humanos. En ellas hay participación de 11 sectores productivos, entre los cuales se encuentra el extractivo, siendo éste uno de los sectores donde, asegura la CNDH, existen más violaciones al interior, contra los trabajadores.
Aun cuando se identifican 162 leyes con incidencia en el sector empresarial, 78 son aplicables al sector extractivo, con algunas obligaciones que implican la identificación y mitigación de impactos negativos, como en materia ambiental.
Así, explicó Gudiño a El Economista, con una inversión previa al arranque del proyecto, que según las dimensiones del mismo puede ser de entre 350,000 y 900,000 pesos, las empresas pueden contar con análisis e implementación de medidas de debida diligencia, con lo cual se blindan ante denuncias por presuntas violaciones, que una vez que llegan a un juez, éste prácticamente está obligado a conceder los amparos en lo que se realizan las investigaciones, que pueden retrasar hasta seis años los proyectos de inversión.
“Cualquier obra pública de gran dimensión y cualquier megaproyecto de infraestructura, debe contar con una medición social, cuyo parámetro sea el respeto a los derechos humanos y la inclusión social”, explicó.
Se considera que para la adecuada y oportuna mitigación de riesgos las empresas deben, entre otras acciones, designar un responsable de la implementación, supervisión y seguimiento de las medidas de mitigación de riesgo.
“La recomendación puede mirarse como una oportunidad para la industria para blindarse con procesos de Debida Diligencia Socio Ambiental con el componente en el respeto a Derechos Humanos”, aseguró el experto.