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Milei va por la privatización de 41 empresas
La medida es parte de una megainiciativa que tiene como propósito darle poderes extraordinarios al Ejecutivo para implementar su plan anticrisis; entre las empresas que se venderían están YPF, Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Banco Nación y Télam.
El gobierno envió este miércoles al Congreso Nacional la “ley ómnibus”, el paquete de normas que será tratado en sesiones extraordinarias, titulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”.
Dentro del extenso texto del proyecto que desde hace semanas había anunciado el presidente Javier Milei, se distinguen cuáles son las empresas públicas que están “sujetas a privatización”.
En total, son 41 empresas y organismos, entre las que destacan Aysa, Banco Nación, YPF, Correo Argentino, Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), la agencia de comunicación pública Télam y Aerolíneas Argentinas.
El portavoz presidencial Manuel Adorni había detallado que el texto “incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”. En ese sentido, anticipó que se trataba de “un complemento al DNU, con el norte puesto en la libertad de cada uno de los argentinos”.
Así, en línea con el decreto que daba el primer paso fuerte en busca de la “desregulación” de amplios sectores de la economía y autorizaba la venta de empresas estatales, este proyecto incluye en uno de los anexos el listado completo de las 41 compañías que buscarán privatizar.
Pasadas las 15 horas, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de hacerle entrega en mano del proyecto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El texto de la ley ómnibus incluye “reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”.
La idea es “dar una solución efectiva a la crisis actual” para “restituir la Democracia Liberal y la Economía de Mercado y avanzar en la Reforma del Estado”.
Contempla 664 artículos en 163 páginas y en los fundamentos de la iniciativa el Presidente también justifica este paquete al sostener que “Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”.
La reforma política incluye la eliminación de las PASO y el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados con base en circunscripciones uninominales.
En el capítulo específico de reforma del Estado faculta al Poder Ejecutivo nacional a concentrar en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas. Y se dispone la privatización de “determinadas empresas públicas”.
También toca el sector de la energía: se propician reformas sobre la legislación vigente para tener “una visión integrada e internacional del sector energético, conforme los recursos naturales existentes y por desarrollar de la República Argentina” y se fija el principio de subsidiariedad, propiciando la participación de los privados en el sector con una amplia liberalización del mercado.
En lo que atañe al tema de seguridad, el proyecto del gobierno establece un régimen para la organización de manifestaciones con el fin de garantizar la libre circulación y normal desarrollo de las actividades económicas y laborales.