Momento clave para una mejor reforma eléctrica, con ahorros de 185,000 millones de dólares: México Evalúa

Rumbo a la votación de la reforma eléctrica a la Constitución cuyo dictamen se discutirá en la Cámara de Diputados a partir del próximo lunes, el centro de análisis México Evalúa aseguró que el futuro del país está en un momento crucial, ya que existe un costo potencial de hasta 85,000 millones de dólares en indemnizaciones y otros 100,000 millones de dólares en inversiones que no llegarían si se aprueba, por lo que recomendó rechazar la propuesta, al igual que la Ley de la Industria Eléctrica que se discute este jueves en la Suprema Corte de Justicia.  

A la vez, planteó que se lleven a cabo modificaciones en la generación privada de electricidad tal como lo propone la oposición a la propuesta y la Comisión Federal de Competencia Económica, para que sin modificar la Carta Magna, se recontrate a todos los privados que generan en el país, terminando con el régimen legado y abriendo la posibilidad a asociaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como explicaron en el foro “Reforma energética sí, pero ésta no”.  

Ana Lilia Moreno, coordinador del programa de Regulación de México Evalúa propuso robustecer al sector, su confiabilidad y legalidad, migrando a todos los contratistas privados a un nuevo régimen mediante subastas de mediano plazo para contratos de entre uno y tres años y se ejecutarían en los próximos tres a seis meses, de manera que competirían por obtener un puesto en el despacho lo que actualmente compone el 12% de la generación que es el autoabasto, así como el 15% de las compras de la CFE y entre privados al mercado mayorista; 31% que son los productores independientes de energía, y 4% que es la electricidad que se vende mediante las subastas de largo plazo.  

A su vez, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, explicó que mientras el partido en el gobierno se ha esforzado por no moverle ni una coma a la iniciativa presidencial, la oposición ha sido clara y no le dará la mayoría necesaria para que ésta sea aprobada, por lo que todavía es momento de rechazar tanto esta propuesta como mantener la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica en la Corte y no comprometer las finanzas públicas y a las de la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

Según sus análisis, la reforma concentraría mucho poder en la CFE, desapareciendo a los reguladores sin proponer nuevos mecanismos de vigilancia, le daría un poder monpsónico a la CFE para que los use con fines políticos, violaría acuerdos internacionales en materia no sólo ambiental sino económica, ahuyentaría inversiones de quienes tendrían que busca otros países como destino y generaría todo tipo de presiones al gasto público.  

Los altos costos de la aprobación 

Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público de México Evalúa, explicó que mientras Hacienda aumentó en 167,000 millones de pesos sus ingresos totales en 2019, con aumentos ligeros en todos los ingresos tanto recaudatorios como petroleros, la CFE fue el único organismo que presentó un decrecimiento e incluso le restó 78,000 millones de pesos al gobierno por las transferencias que recibe para subsidiar la energía doméstica, con lo que esta empresa se ha convertido en una carga onerosa, así al llegar al 2021 presentó el peor balance que ha presentado en 30 años.  

“CFE está en una situación crítica y el gobierno en un momento de desesperación para mejorar la situación, lo que está atrás de esta reforma, pero más pronto que tarde esta reforma tendrá un efecto muy negativo en el erario”, dijo, ya que en promedio el costo de generación eléctrica de la CFE es del doble de lo que le cuesta a los privados, por el costo de los subsidios al consumo básico de los hogares.  

Por otro lado, recordó que si se cancelan los permisos y contratos hoy vigentes, como plantea la propuesta, el gobierno tendrá que pagar entre 44,000 millones de dólares y 85,000 millones de dólares, según estimaciones de analistas, la banca y afectados.  

A estos gastos se añadirán los costos de oportunidad, explicó Cecilia Aguillon, directora de la Iniciativa Transición Energética del Instituto de las Américas, quien aseguró que se calcula que se prevén cerca de 100,000 millones de dólares como oportunidad de inversiones por llegar a Latinoamérica para plantas de fabricación de Asia y México. A la vez, los socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, tienen todas las condiciones para asegurar la cadena de valor de productos estratégicos y la necesidad de colocar sus plantas cerca de su territorio. Sin embargo, un ambiente de amenazas como el que tiene la reforma a la certeza regulatoria y a contratos ya firmados es algo que ahuyenta inversiones.  

“México ha sido un país sumamente confiable para la llegada de inversiones, históricamente”, aseguró, “para que México pueda competir se necesitan inversiones internas en educación, infraestructura y sobre todo un mercado que otorgue energía accesible, de calidad y confiable, como la guerra en Ucrania ha demostrado, es necesario reducir la dependencia a combustibles importados”.  

Finalmente, Tony Payán, director del Centro México-Estados Unidos en el Baker Institute, México requiere una mezcla en la que participen miembros del sector privado con una CFE flexible, aunque no privatizada sino regulatoria y separada del gobierno con suficiente capacidad de competir y participar en todas las necesidades del sector, que son muchas.  

“Esta reforma ata las manos de México no sólo para las inversiones sino para los propios mexicanos, como lo hemos visto con los recientes apagones, y pretender que el gobierno puede con el financiamiento de todo es algo absolutamente ilusorio”, dijo.