SCT contratará a privados para que supervisen APP de conservación carretera

La falta de personal especializado que enfrenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) obligó a iniciar tres procesos de licitación para contratar a empresas que realicen el control y seguimiento de los diez contratos de conservación y mantenimiento carretero a lo largo del país adjudicados entre el 2016 y el 2018, bajo la modalidad de asociación público-privada (APP).

Dicho esquema se utilizó por primera ocasión en México como alternativa a la falta de recursos públicos e implica una relación entre la dependencia y las constructoras, nacionales e internacionales, por diez años. La inversión del sector privado en tal caso implica un total de 21,662.1 millones de pesos y la dependencia los irá pagando anualmente más el beneficio fijado en cada caso.

Sin embargo, durante la actual administración, la alternativa APP (y sus variantes) no ha sido considerada para el desarrollo de infraestructura y una muestra de ello es el Tren Maya, que se iba a desarrollar con una inversión privada cercana al 80% y posteriormente pasó a ser financiado totalmente con recursos públicos, incluso para la construcción del tramo 5 del trayecto también se planteó un esquema APP y de último momento se canceló para apostar al modelo de obra pública.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no quiere dejar deudas a la siguiente administración e incluso calificó de abusivo el esquema APP con el cual se desarrolló un hospital en Zumpango, Estado de México, por los pagos que se deben hacer al constructor y aseguró que son cosas que ya no se permiten.

En el caso de los trabajos de conservación y mantenimiento para los tramos Campeche-Mérida, Texcoco-Zacatepec, Matehuala-Saltillo, Tampico-Ciudad Victoria y Querétaro-SLP, entre otros, durante el presente año se destinaron 5,125.5 millones de pesos de recursos públicos para el pago de los servicios comprometidos y en el proyecto de presupuesto del 2021 se plantea una solicitud de 6,945.3 millones de pesos.

“Considero que las APP tienen una mala imagen. En este gobierno están marginadas porque hay una visión de verlas como sinónimo de corrupción no de cooperación, aunque también hay que decir que en la administración anterior fue deficiente la supervisión las mismas, en algunos casos de manera deliberada para crear espacios oscuros. Ahora se tiene la oportunidad de generar mayores mecanismos de información y transparencia de sus resultados” dijo el director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi), Edmundo Gamas.

La revisión de los contratos referidos se realizará de octubre a diciembre del presente año e incluirá inspecciones físicas no programadas.

Falta personal y transparencia

En la justificación de cada una de las licitaciones, la SCT explica: Debido a la falta de disponibilidad de recursos humanos y personal técnico que auxilie a la Dirección General de Conservación de Carreteras para efectuar y cumplir con el control y seguimiento de los proyectos APP, como parte de sus funciones, se requiere llevar a cabo la presente contratación conforme la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de continuar con su política de mejoramiento constante de la red federal que tiene bajo su jurisdicción.

Al respecto, Gamas señaló que los despachos de ingeniería mexicanos tienen colaboradores calificados y eso puede ser importante y ventajoso para el Estado siempre y cuando los concursos se realizan de manera adecuada, pero le preocupa que no haya adentro de la secretaría personal suficiente para recibir e interpretar la información que les entreguen, lo cual se ha acentuado con la actual política de salarios.

Algunas de las tareas de las firmas ganadoras será realizar, como mínimo, dos recorridos semanales por todos los segmentos relacionados a los contratos y si detecta alguna incidencia que afecte al cumplimiento de los estándares o a las condiciones previas establecidas lo deberá notificar, porque ello incidirá en el pago de las estimaciones de las constructoras.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx