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Chile busca agilizar proyectos de inversión
La iniciativa convocó a actores privados y públicos para que entregaran sus diagnósticos y propuestas de cara a la reforma.
Con el objetivo de agilizar la tramitación, el Gobierno chileno y la comisión de Economía del Senado lograron un acuerdo para la discusión de la ley marco de autorizaciones sectoriales, que tiene por fin reducir los plazos de tramitación que requiere un proyecto de inversión.
La iniciativa, que actualmente está en su segundo trámite legislativo, motivó una serie de seminarios en las últimas semanas bajo el paraguas de la Cámara Alta, los cuales convocaron a actores privados y públicos para que entregaran sus diagnósticos y propuestas de cara a la reforma. Los equipos técnicos pusieron como fecha el 13 de enero para acordar indicaciones a 10 puntos del proyecto de ley.
El presidente de la comisión de Economía, Rojo Edwards, calificó el protocolo como “muy complejo, pero muy bien desarrollado”. Agregó que espera que para cuando sea el plazo, “tengamos indicaciones que vayan en la línea exacta de lo que sale en el protocolo, entendiendo que deja dentro del marco de la negociación normal de las indicaciones cierta flexibilidad”.
El protocolo compromete que el Ejecutivo puede presentar indicaciones respecto a 10 materias contenidas en el proyecto de ley en relación con declaraciones juradas, silencios administrativos, procedimientos y tramitación en paralelo, ámbito de aplicación de la ley marco, fortalecimiento institucional de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, entre otros.
Edwards destacó los ejes vinculados con los silencios administrativos y que todos los plazos para resolver permisos en el sector público pasen a ser “fatales y obligatorios”, algo que no pasa hoy, en la administración pública.
Recalcó que habrá la tramitación en paralelo -donde la Ley no diga lo contrario-, para que ningún servicio pueda exigir otra autorización como requisito para tramitar un permiso y soliciten requisitos no debidamente justificados. Se integrarán medidas para que los criterios y reglamentaciones no cambien durante la tramitación del proyecto y su ejecución.