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Decreto textil divide a gremios empresariales
Empresas maquiladoras exportadoras y del ramo comercial lamentaron no haber sido tomadas en cuenta en la definición de las barreras arancelarias que se dieron a conocer la semana pasada, a favor de las industrias textilera y del vestido.
El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, consideró que las medidas tomadas por el nuevo gobierno deben contemplar un análisis detallado de los sectores y cadenas productivas afectadas, incluyendo los servicios y el comercio. Foto: Especial
Al afirmar que las medidas contra el contrabando de productos textiles no fueron consensuadas con todos los organismos empresariales de México, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) alertaron que 600,000 empleos están en riesgo en la industria maquiladora de la frontera norte, producto de estas medidas.
“Las actividades económicas de la frontera y algunas industrias se encuentran en productos vinculados con insumos del sector textil, sin que esto implique que sean competidores de la industria nacional a la cual defendemos como organizaciones empresariales nacionales”, dijeron los organismos.
El jueves pasado el gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece la aplicación de un arancel de 35% a la importación de mercancías clasificadas en 138 fracciones arancelarias relativas a la confección y de otro de 15% a la importación de mercancías clasificadas en 17 fracciones referentes a la industria textil. Estas tarifas se aplicarán a las mercancías provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales.
También contempla aumentar el número de productos que no se pueden importar mediante el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), por considerar que se ha abusado de la exención del pago de impuestos a la importación de insumos que luego se reexportan.
Estas medidas fueron celebradas por la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) y por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), cuyos agremiados han atribuido a las importaciones desleales la crisis por la cual atraviesan.
No obstante, los presidentes de la Concanaco, Octavio de la Torre y de la Canacintra, Esperanza Ortega señalaron que las acciones acordadas entre la Secretaría de Economía y las industrias Textil y confección afectarán a la industria maquiladora.
Ambos dirigentes empresariales destacaron su compromiso con el combate frontal al contrabando y a las prácticas comerciales ilícitas que afectan la competitividad de México.
Sin embargo, demandaron la necesidad de una mayor “socialización” de las recientes medidas fiscales con las organizaciones empresariales, para garantizar que se comuniquen y ajusten adecuadamente, protegiendo así las inversiones en la frontera norte del país y aquellas integradas en la cadena de valor nacional.
De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (index), los principales estados productores de textiles son: Estado de México, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato y Jalisco, que se verán beneficiados con las nuevas políticas, de los cuales, cuatro tienen presencia en index.
Sin embargo, advirtió que a las empresas exportadoras en otras zonas del país como en el norte y sureste, se les puede afectar con medidas similares a las definidas, pues han señalado reestructuras de procesos, ahuyentado las inversiones nuevas y las reinversiones.
“El index considera con reservas que la medida sea totalmente efectiva”, dijo la organización en un comunicado.
“Si bien siempre avalamos los esfuerzos para evitar prácticas comerciales ilícitas que afecten la producción y la creación de empleos en nuestro país, también apelamos a cuidar el otro lado de la moneda, que son las empresas exportadoras que en sus procesos requieren de productos de la cadena textil-confección”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, consideró que las medidas tomadas por el nuevo gobierno deben contemplar un análisis detallado de los sectores y cadenas productivas afectadas, incluyendo los servicios y el comercio, para no perder lo que ya se tiene en términos de empleo, inversión y competitividad.
“Si bien las medidas buscan proteger 400,000 empleos, ahora será necesario asegurar al menos 600,000 para compensar las pérdidas potenciales de empleo que podrían derivarse de estas políticas en la frontera norte, principalmente”, señaló.