El IFT no ha bajado todavía la cortina de la regulación: Javier Juárez

Javier Juárez Mojica es el cuarto y último comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo y técnico del Estado mexicano que hoy todavía regula las industrias de radio, televisión, telefonía, Internet y servicio satelitales, entre otras, además que ha generado conocimiento sobre nuevas aplicaciones como el Internet de las cosas, el cómputo en nube y las plataformas digitales.

Juárez será presidente del IFT hasta el 19 de octubre de 2025, cuando concluye su gestión legal, o hasta que trascurran los 180 días que seguirán a la aprobación de las leyes secundarias de la reforma constitucional que hace unos días aprobó la extinción del IFT y de otros órganos autónomos como el Inai y la Cofece, lo que ocurra primero.

La presidencia de Juárez Mojica, de cuatro comisionados, vivió siempre con turbulencias, porque el gobierno Andrés Manuel López Obrador nunca designó a las tres comisionadas que todavía hacen falta al IFT para votar importantes asuntos, como un canal de televisión para Telmex o una hipotética fusión de Megacable con Televisa que requieren de un quorum de cinco comisionados. La llamada Cuarta Transformación también recortó presupuesto al IFT durante la dirigencia de Juárez y desde el 2021, todavía siendo presidente el comisionado Adolfo Cuevas, el presidente López Obrador anunció que intentaría desaparecer al IFT, una realidad cumplida en el gobierno de Javier Juárez.

Pese a ello, la presidencia de Javier Juárez deja un legado en cuanto eficiencia en tiempos de trámites para los agentes regulados: de casi un año, a sesenta días; y también prestó atención a la radio indígena y afrodescendiente, que ahora quedará indefensa ante la desaparición del IFT y quizá un legado no tan vistoso como la aparición de la tercera cadena de televisión que heredó Gabriel Contreras o el apagón analógico que inició desde la Cofetel el comisionado Mony de Swaan.

Ahora, algunas facultades del IFT irán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de José Antonio Peña Merino, con quien Javier Juárez ha tenido ya algunos acercamientos. E independientemente de lo que depare el futuro cercano para el IFT, el presidente de ese organismo asegura que los trabajadores serán respetados en sus derechos laborales, en tanto que cambios al estatuto orgánico permitirá que próximas resoluciones de este también puedan salir con tres votos, cuenta Javier Juárez en esta entrevista.

—La extinción del IFT mediante reforma constitucional ha ocurrido 47 meses después de que el presidente López Obrador la planteara. Pero aún con esa enmienda y en contexto del T-MEC, es posible que el 2025 sea todavía un año con IFT. ¿Coincide?

— No sabemos exactamente cuánto pueda tardar todavía el proceso legislativo para la emisión de la ley secundaria. En lo que se aprobó en la reforma constitucional es que son todavía 180 días o seis meses después de que se emita la ley secundaria. Y no hay fecha límite para la ley secundaria, en el caso del IFT y la Cofece. Entonces, todo va a depender de en cuánto tiempo se tenga lista esa ley, que se publique, y a partir de allí, ahora sí estarían corriendo los tiempos, que además me parece necesario para llevar a cabo toda la transición.

El tema aquí es ver cómo sale la ley secundaria en la parte que toca a competencia económica y en la parte regulatoria. La división de esas facultades es lo que va tener su grado de complejidad.

—¿Es un tiempo suficiente para dejar planchada la mayor parte de los asuntos sensibles para el sector y para iniciar contacto con lo que toca a la ATDT, o ya se reunió usted con el director José Antonio Peña Merino?

—Nosotros vamos a seguir avanzando. Estamos para hacer una entrega-recepción muy ordenada. Y sin dejar de observar los tiempos, en lo posible, dejar la menor cantidad de pendientes. Pero también hay que reconocer que los trámites siguen llegando. Aquí no se pone en pausa nada ni mucho menos. Hay que seguir desahogando la agenda.

Con José Peña Merino, hemos tenido acercamientos institucionales; siempre tratando de decir lo que es nuestra opinión de lo que implica el modelo actual y ahora que se emitió la reforma, también nos corresponde aportar todos los elementos y continuar con los acercamientos para aportar por la vía institucional y se diseñen así de la mejor manera las leyes secundarias.

—José Peña ocupará un cargo con nivel de secretario de Estado y, al parecer, tendrá mayor poder que el que tuvo usted en la presidencia del IFT o Mony de Swaan en Cofetel. ¿Qué le diría al respecto?

— Con la reforma a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estaba contemplada la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Mucho de lo que había de telecomunicaciones y radiodifusión pasa a esa agencia. Nosotros tenemos comunicación permanente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y lo que toca es tener esa coordinación con la ATDT. A lo mejor, varias cosas que no pudimos y ahora hemos visto, sí se pudieran impulsar. ¿No?

Pero lo que toca de nuestro lado es aportar elementos y ellos tomarán las decisiones que consideren en términos de política pública y eventualmente de regulación.

—En la revisión o negociación de un nuevo T-MEC, ¿ve usted posibles engorros luego de esta reforma por tener un regulador independiente en tema técnico, pero no autónomo del Ejecutivo como ordena el tratado y aparte una operadora estatal?

— Este es un tema bien relevante. En términos de los tratados internacionales, sí hay dos conceptos. El principal es el que tiene que ver con la independencia del regulador de los proveedores de servicios y una nota al pie del T-MEC dice que en el caso de México el regulador debe ser autónomo del Ejecutivo; habría entonces ver como en la ley secundaría de esta reforma cómo se desarrollan esos conceptos para dar cumplimiento a estos compromisos del Estado mexicano.

Corresponde a quiénes van a estar conduciendo esa negociación para México valorar si esto nos lleva en una posición más débil o no. Todavía dependería en cómo quede definido el esquema del regulador en la ley secundaria de la reforma. Puede haber diversas alternativas jurídicas para los organismos que ellos estén pensando, donde estemos cumpliendo con los compromisos.

—En el sector preocupa que la regulación de preponderancia para América Móvil quede bien amarrada cuando no haya más IFT vigilante, porque para bien y para mal, esa regulación impacta a todo el sector de distinta manera. ¿No hay manera de que Morena la deseche en un año?

—Todos los actos emitidos por el IFT, hoy por hoy, son resoluciones válidas y exigibles. En el futuro vamos a ver cuál es la visión que se tiene para llevar a cabo la nueva regulación. Hoy tenemos un esquema de regulación asimétrica que habría que ver en las nuevas autoridades cuál es el modelo que ellos identifican para esa regulación. Las regulaciones que emitimos se mantienen vigentes.

—¿Cuándo estará vigente la llamada licitación para 5G? Por pandemia de Covid y por espectro demasiado caro, no ha salido en cinco años… ¿Pasarán ese trabajo a la nueva autoridad?

—Nuestro programa anual de trabajo sigue avanzando conforme a los calendarios y ya vemos si estamos en condiciones de emitirla en las próximas semanas; a principios del próximo año, en el primer trimestre. No sé aún si vamos con las 320 Áreas Parciales de Servicio o por espectro de nivel regional o nacional. Estamos terminando ese tipo de análisis; estamos valorando lo que nos han dicho en la consulta pública, para ya tomar una decisión final.

—En el sector hay quien dice que usted hizo poco por defender al IFT. Quizá esperaban manifestaciones como aquellas de los trabajadores de la SCJN, pero sobre Insurgentes y ahora el IFT está en un punto de no retorno. ¿Qué diría a ello?

—Si hacemos memoria y nos vamos a los hechos, la reforma se presenta el 5 de febrero. Al día siguiente hizo un posicionamiento público el IFT. Se solicitaron entrevistas y fuimos a la Cámara de Diputados, y desde ahí señalamos: “Oigan, a nosotros esto nos parece que es regresar a un modelo que no ha arrojado los mismos resultados que hoy tenemos”.

El IFT es una organización más bien de carácter técnico y a lo mejor, estábamos ante una decisión que no era solamente lo técnico, sino también cuestiones más bien de política y de diseño institucional. Por nuestro lado se le trató de dar visibilidad al porqué este modelo había arrojado resultados.

Ahorita en lo que estoy, es en seguir avanzando con los proyectos que tenemos. El programa anual de trabajo para mí es una guía permanente, con cortes mensuales, semanales; dependiendo de cómo se van moviendo y ver los proyectos que vamos a agendar para el 2025, porque aquí no se trata de bajar la cortina de regulación ni mucho menos.

Ya estamos viendo cuáles serán los proyectos que proponen las áreas para llevar a cabo durante el próximo año y publicar ese programa de trabajo.

Lo que no hemos hecho es entrar en una fase de se acabó, ni mucho menos donde cerramos la cortina. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque, hoy por hoy todavía somos servidores públicos con un mandato que nos da la Constitución y es el desarrollo del sector. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con ese mandato.