Los pros y contras de que el gobierno provea Internet a los mexicanos

Una reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución mexicana, aprobada este mes para generar un contexto más afable para los planes del gobierno federal en los sectores energético y ferroviario, dispuso también de que la función que utilice el Estado en el servicio de Internet no constituirá un monopolio.

La iniciativa ha sido aprobada por 472 votos de 500 posibles en la Cámara de Diputados y eso significa que en el futuro próximo el Estado participará con distintos papeles en la industria de telecomunicaciones.

Por ejemplo, el Estado, vía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, será un constructor de políticas públicas para llevar Internet a los mexicanos desconectados y al mismo tiempo será un proveedor de estos servicios mediante la empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos; y también podría ser regulador con la Secretaría de Economía.

Estos hechos podrían repercutir de manera negativa en el sector de las telecomunicaciones, al existir un gobierno que en su objetivo de aumentar la conectividad, intente justificar un trato diferenciado para su brazo proveedor de Internet, propiciando entonces una distorsión del mercado y afectando la inversión privada o genuina, pues ésta resulta de planes de negocio de las empresas y de las dinámicas del propio mercado.

Y a este contexto se suma la intención del gobierno federal de desaparecer a la autoridad técnica que supervisa el equilibrio del sector: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

"El riesgo asociado a una mayor participación pública en la industria es la distorsión competitiva a la que puede dar lugar. No es fácil preservar condiciones de competencia efectiva entre redes públicas y redes privadas, cuando éstas participan en los mismos segmentos del mercado. La participación de estas redes en el mercado debe ser complementaria y no sustituta", estima Víctor Pavón-Villamayor, presidente de Oxford Competition Economics.

Los pros

Es de reconocimiento que un gobierno nacional se interese en llevar Internet a los mexicanos desconectados. Hacia 2023, había en México un estimado de 24.5 millones de personas que no dispone de un servicio de telefonía celular y 4 millones 242,850 personas que no conocen Internet, porque no cuentan con recursos económicos para tener ese servicio.

En su intención de adentrar Internet a estos mexicanos, el gobierno federal ha sido apoyado con políticas públicas y regulatorias. Como muestra, el Instituto Federal de Telecomunicaciones le extendió un título de concesión para ofrecer Internet en zonas de alta y muy alta marginación, si bien CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos también entrega tarjetas SIM en localidades con cobertura celular de otros operadores.

El gobierno también fue con recursos financieros para alejar a la empresa Altán Redes de la quiebra, porque esa empresa atiende a unos 17 millones de personas de manera indirecta con el servicio de telefonía e Internet. De esta manera, el gobierno rescató una empresa pública-privada y se aseguró el acceso a una red celular 4.5G para dispersar programas sociales.

Los contras

Las inversiones realizadas por el gobierno federal para aumentar la conectividad de Internet han tenido poco éxito.

Información obtenida por la periodista Ana Luisa Gutiérrez, indica que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tenía al cierre del 2023, un registro de pérdidas por 8,931 millones de pesos. Este año, la estatal obtuvo un presupuesto de 13,553 millones de pesos, un incremento del 24% respecto al 2023.

La empresa ha informado un objetivo de llegar a 1 millón de clientes atendidos para el 2025.

En lo que va de su vida, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos habría ejercido 42,600 millones de pesos (2,100 millones de dólares), pero sólo ha captado casi 540,000 suscriptores, cuando el mercado móvil mexicana ya supera las 129 millones de líneas celulares.

Lo "feo"

El gobierno federal intenta conseguir para Altán Redes más espectro radioeléctrico, ahora de los 2500 MHz. Y en estos mismos meses, la Comisión Federal de Electricidad ha propuesto comprar la deuda de Altán a sus acreedores y de lograrlo, el gobierno federal, a través de CFE, tendría casi la totalidad accionaria de esa compañía.

Altán ya utiliza el espectro de los 700 MHz bajo un modelo de tributación fiscal distinto al aplicado para el resto de competidores comerciales.

En México, además se pagan los gravámenes más elevados del continente por uso de frecuencias para servicios móviles y ahora existe el riesgo de que se creen distorsiones de mercado porque una empresa estatal opere con dos diferentes bandas radioeléctricas y configure con ellas una red celular 5G, pero pagando menos tributación en comparación con las empresas privadas.

“Lo malo es que hay gente sin conectar todavía. ¿Por qué no está conectada esa gente? Porque no tiene cobertura. Lo bueno es que hay una intención de querer conectar. Lo feo es que no está definida esa política y que depende de cómo se defina esa política, pues se pueden crear distorsiones en el mercado y como consecuencia de eso lo que puede haber es una retracción de inversión privada en conectividad. Entonces, lograr ese equilibrio es muy difícil”, dijo Juan Gnius, analista argentino de telecomunicaciones.

“En América Latina no hay casos exitosos o los más exitosos serían los casos exitosos de Costa Rica y Uruguay, pero ellos no son México y cuando se abrió la competencia, entonces el monopolio empezó a competir. Es muy difícil hacerlo bien. Si le resulta difícil hacerlo bien a un privado, a un funcionario que no entiende que lo pusieron ahí; bueno, pero mientras ya se distorsionó el mercado”, agregó.