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Carga administrativa trabaría pronta aplicación
La SHCP evaluará periódicamente el cumplimiento de la legislación.
La carga administrativa que se le imputa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la vigilancia de la correcta implementación de la Ley de Disciplina Financiera puede significar un riesgo para su pronta aplicación, aseguró Francisco Vázquez-Ahued, analista del grupo de gobiernos subnacionales de Moody´s.
La implementación siempre es un problema con todas las leyes, la carga administrativa que se está dando a la SHCP para vigilar esta ley sí puede ser considerable, en ese sentido pueden existir riesgos sobre todo en el tiempo de su aplicación , afirmó Vázquez-Ahued.
De acuerdo con la nueva legislación, la SHCP evaluará periódicamente el cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de las entidades. A su vez, los estados realizarán lo propio con los municipios, en términos de lo establecido en el convenio formalizado.
Trimestralmente, las entidades enviarán a la SHCP la información que especifique el convenio para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento.
Dado lo anterior, la responsabilidad que tiene la Secretaría podría retrasar su total implementación. Como ejemplo, explicó Vázquez-Ahued está la Ley de Contabilidad Gubernamental en la que se estableció un deadline que era 2012, ya es 2016 y apenas los municipios van a entregar resultados financieros en 2017 .
Asimismo, el analista detalló que hay varios elementos transitorios que posponen la entrada en vigor de la ley, específicamente lo que tiene que ver con planes multinanuales que entrará en vigencia hasta el 2022, por lo que no esperan gran impacto en el tema fiscal.
La Ley de Disciplina Financiera establece las reglas a nivel nacional, pero hay que ver cómo van a ir adecuando su marco jurídico las entidades , advirtió por su parte Manuel Kinto Reyes, analista de Fitch Ratings.
Otros riesgos
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), algunos de los riesgos que implica la nueva ley, es que posibilita al Ejecutivo Federal a garantizar un refinanciamiento de deuda que pudiera ser inconstitucional de origen, sin que venga aparejado de una auditoría de la deuda contratada en un principio y en donde pueda constarse el adecuado ejercicio de la misma, ya que al permitir que el monto de la deuda estatal garantizada llegue hasta 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB, podría duplicar el monto de la deuda estatal.
Además, no tiene un catálogo de infracciones por el mal manejo de la deuda pública y el incumplimiento de la ley, señala el IMCO.
No obstante, Vázquez-Ahued dijo que hay una mejora muy importante y positiva en el tema de transparencia y que en el corto plazo es la más importante.
Favorece en calificación
La implementación de la Ley podría mejorar la calidad crediticia de las entidades y municipios del país, aseguran analistas.
Kinto Reyes precisó que la nueva ley fomenta un mayor control en el proceso de endeudamiento, lo cual repercutirá de manera positiva.
Por su parte, Vázquez-Ahued indicó que no esperan que haya un impacto en la calidad crediticia de nuestros emisores pronto, más bien será en el mediano plazo .
Mejor administración
En cuanto a la gestión presupuestaria la ley incorpora una nueva forma de gestionar el balance a lo largo de un ciclo presupuestal y obliga a estados y municipios a mantener un balance equilibrado o superavitario al final del ejercicio.
Kinto refirió que esto favorecerá a que se fortalezca el ahorro interno al controlar y contener el gasto a través de las medidas que establece la Ley, y al mismo tiempo, generar el fortalecimiento de la gestión y la administración al implementar nuevas políticas institucionales.
Si existen excedentes se contempla que las entidades asignen recursos para constituir un fondo de compensación de caída de los ingresos, aquellas entidades que vayan constituyendo fondos excedentes se verán fortalecidas económicamente y promoverán un ahorro interno , dijo el especialista.
En el tema de pensiones, Kinto indicó que con la nueva ley se contempla que tengan que realizar un estudio actuarial sobre la suficiencia financiera y crear un fondo para el pago de pensiones.
Además, los estados podrán obtener la garantía del gobierno federal a través de un convenio con la SHCP, en el que la deuda estatal garantizada no podrá exceder 3.5% del PIB para el ejercicio fiscal.
El hecho de contar con el aval del gobierno federal, nos hace esperar en primera instancia que haya una reducción en el costo de la deuda, para presentar un menor riesgo , afirmó Kinto.