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Colima, primer estado en adherirse a política inmobiliaria de telecomunicaciones
Colima se convirtió en el primer estado en cumplir con el objetivo de la Política Inmobiliaria de promover el aprovechamiento entre concesionarios, autorizados, permisionarios o desarrolladores de los inmuebles públicos.
El gobierno federal y el estado de Colima suscribieron el primer convenio mediante el cual una entidad federativa se adhiere al acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
Colima se convirtió en el primer estado en cumplir con el objetivo de la Política Inmobiliaria de promover el aprovechamiento entre concesionarios, autorizados, permisionarios o desarrolladores de los inmuebles públicos, para el despliegue de la infraestructura en ambos sectores.
El gobierno de Colima deberá realizar acciones a fin de proporcionar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) el inventario actualizado de los inmuebles que forman parte de su patrimonio y que sean susceptibles de otorgarse en arrendamiento.
Los 486 inmuebles aportados serán incluidos y administrados a través del Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES, a cargo del Indaabin, y con ello la oferta de espacios para que operadores y desarrolladores desplieguen infraestructura de telecomunicaciones, la cual ascenderá a más de 12,000.
Por su parte, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) mantendrá la promoción en estados, municipios e instituciones públicas para que se sumen a este proyecto.
En mayo pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció el proyecto de arrendamiento de inmuebles federales para el despliegue de la red de telecomunicaciones en todo el país, con lo que se pondría a disposición de los operadores la mayor parte de la infraestructura pública federal, para agilizar el despliegue de sus redes.
Primera etapa
En una primera etapa estarían disponibles 10,500 inmuebles. El proyecto de infraestructura pasiva del estado prevé una meta al 2018 de 22,000 inmuebles.
De los 10,500 inmuebles, 4,417 corresponden a la administración federal, 4,265 al Instituto Mexicano del Seguro Social, 873 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 286 a Diconsa, 370 a Telecom, 227 a Servicio Postal Mexicano y 69 a la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Los sitios públicos se utilizarán para que operadores de telefonía móvil y desarrolladores de infraestructura dispongan de estos espacios, lo cual les evitará duplicidad de inversiones y permitirá aumentar su cobertura.
De acuerdo con estimaciones del Indaabin, con el arrendamiento de inmuebles federales se incrementará 25% los espacios disponibles para el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones.
El costo promedio por un inmueble de hasta 190 metros cuadrados es de 3,000 pesos, aunque el precio más económico será a partir de 1,500 pesos en municipios de Oaxaca, por ejemplo, o hasta 5,000 en Quintana Roo.