Comunidades se organizan para discutir el Tren Maya

Cancún, QR. Representantes de comunidades originarias reunidos en el Encuentro Maya Peninsular de Resistencias en Defensa del Territorio: Fortaleciéndonos, aseguraron que nadie los ha contactado para informarles sobre la construcción del Tren Maya y adelantaron que están en proceso de organización para defenderse de eventuales despojos, como los que han vivido en el pasado.

Durante una primera reunión en el ejido de Dziuché, municipio de José María Morelos (Quintana Roo), para compartir sus experiencias de lucha en contra de lo que llaman megaproyectos, las siete organizaciones asistentes de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronunciaron por la no venta de sus tierras sea cual fuere el ofrecimiento que les pudiera hacer el gobierno federal o cualquier empresa privada.

Pedro Puc, presidente de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, indicó que si bien no han tenido contacto oficial con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sí saben de ofrecimientos que han comenzado a hacer empresas de origen chino para adquirir grandes extensiones de tierra en la reserva de Calakmul, donde se pretenden construir megaciudades a la par de la construcción del Tren Maya.

La información extraoficial que poseen habla de al menos tres megaciudades de 50,000 habitantes en la reserva natural, mediante un esquema de renta de tierra para la creación de un atractivo turístico en torno a los vestigios arqueológicos mayas.

Les han hablado de nuevos conceptos como ciudades u organismos forestales, en los que se aprovecharía la madera y la piedra caliza de la zona para construir las ciudades, producción de pimienta y miel, creando empresas productivas para las comunidades originarias y usar el tren para transportar esos productos.

El activista, defensor de los derechos del pueblo maya, dijo que aunque López Obrador ha asegurado que el Tren Maya no implicará la tala de un solo árbol, estos proyectos complementarios en torno a la vía férrea sí implicarían tanto la devastación de grandes extensiones de selva como un eventual desplazamiento de comunidades originarias que son poseedoras ancestrales de dichas tierras.

Expuso que si bien el gobierno federal que lidera AMLO recién tomó posesión, la postura que asumen está en función de lo que han vivido con gobiernos estatales, municipales y federales pasados, los cuales a través de engaños, falsas promesas e incluso persecuciones los han despojado y desplazado de sus ejidos.

Avances

El gobierno del estado está procurando que la mayor parte del trazo del Tren Maya quede dentro de tierras que son propiedad de la entidad, lo cual será el aporte de Quintana Roo al proyecto, informó la semana pasada Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia Estratégica de Proyectos del Estado de Quintana Roo (Agepro).

“Estamos revisando los polígonos del estado, estamos buscando que la mayor superficie de reserva territorial del estado pueda ser incorporada a los polígonos del tren y de las terminales, es un trabajo técnico, de campo, cartográfico y es la aportación del estado al Tren Maya”, explicó.

Para la estación inicial, que se ubicará en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el gobierno estatal ya tiene dispuesta una reserva territorial, considerada dentro del proyecto de terminal multimodal que está elaborando el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) para el ferrocarril, agregó el funcionario.

Desde dicha terminal saldrán los trenes hacia los dos ramales que confluirán en Cancún; tanto el que corre hacia Chetumal en el sur del estado, como el que va hacia Mérida, de ahí que se requerirá una gran reserva territorial que permita la operatividad del tren en ambas direcciones.

Además, se enlazará en ese punto un segundo tren urbano que se internará en la ciudad de Cancún y recorrerá toda la mancha urbana de sur a norte.

Hay avances en ese trazo y en la disponibilidad de la tierra tanto por parte de Asur como del gobierno del estado; la coordinación ha sido permanente con el equipo de transición del próximo gobierno federal y todo está avanzando muy rápido, aseguró.

El director de Agepro aseveró que el gobierno del estado ha aportado los estudios previos que realizó por cuenta propia para el proyecto de un tren que correría sólo de Cancún hasta Tulum. Dicho tren iba a tener un costo de 40,000 millones de pesos y sería concesionado mediante un concurso internacional.

Los estudios de factibilidad, trazo, mecánica de suelos y demás insumos técnicos fueron incorporados al proyecto del Tren Maya cuando éste fue anunciado oficialmente por López Obrador y en gran medida están sirviendo de base para la construcción del proyecto federal,  añadió.

Solicitan libre participación en consulta

Cancún, QR. Representantes de las comunidades apícolas de los municipios de Hopelchén y Calakmul solicitan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador abstenerse de la consulta entre pueblos originarios sobre el Tren Maya, en tanto no se garantice la participación libre y transparente de las comunidades que podrían resultar afectadas por el trazo de la vía férrea.

Anastasio Oliveros López, presidente de la Unión de Sociedades Apícolas Ecológicas de Calakmul, recordó que hasta el momento se encuentra detenida la consulta por la siembra de soya transgénica que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2015, ya que las dependencias encargadas del gobierno federal no pudieron garantizar la libre participación de los pueblos originarios.

Las dependencias encargadas de consultar a los pueblos originarios, dijo, además fueron incapaces de impedir que se continuara con la siembra ilegal de la soya transgénica a pesar de las denuncias y evidencias de que esta situación continuó y ha continuado sucediendo.

Recordó que tan sólo en Hopelchén está documentada por organizaciones como Greenpeace la presencia de transgénicos, ante lo cual la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria hicieron caso omiso en la anterior administración federal.

Ahora se pretende consultar el Tren Maya, pero no existen condiciones para que las comunidades se expresen libremente a través de los mecanismos institucionales, insistió.

Naayeli Ramírez, exasesora legal de la comunidad de Hopelchén, explicó que la consulta indígena sobre la siembra de soya transgénica se encuentra detenida de facto, en los hechos, tanto por el cambio de gobierno federal como por la falta de condiciones que existieron desde que en el 2015 la Suprema Corte ordenó dicho procedimiento como parte del amparo promovido por las comunidades ante los permisos que en el 2012 el gobierno federal otorgó a Monsanto para la liberación de semilla de soya transgénica en 23,500 hectáreas distribuidas en los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas, norte de Veracruz, San Luis Potosí (la parte de la Huasteca), Tamaulipas y Quintana Roo.

La abogada dijo que en los tres años transcurridos no han podido ponerse de acuerdo con las comunidades sobre los términos en que se va a llevar la consulta.

Consideró como preocupante que se pretende ahora realizar una consulta sobre un proyecto de las dimensiones del Tren Maya, cuando está demostrado que las instituciones encargadas de llevar a cabo estos procedimientos no han podido realizarlas, tanto por negligencias como por desconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades.

El proyecto de la vía férrea abarcará cinco entidades federativas del sur-sureste del país y está dentro de los compromisos de la actual administración federal para cerrar la brecha económica y social que existe en la región.

El Tren Maya tendrá un costo de hasta 150,00 millones de pesos.

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