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DDHQ acusa a edil de obstaculizar proceso
Pide iniciar con procedimientos de responsabilidad administrativa.
La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) solicitó al Congreso del estado iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa en contra del presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, así como de dos funcionarios municipales más, incluyendo un síndico del ayuntamiento. Lo anterior, por obstaculizar una investigación del organismo autónomo.
En rueda de prensa, Miguel Nava Alvarado, ombudsman de la entidad, explicó que la defensoría estatal inició dos expedientes que involucran a servidores públicos de la actual administración, uno de ellos directamente relacionado con Guillermo Vega, quien habría exhibido en sus redes sociales a una persona como presunta responsable de un delito.
Al responder a la queja, el edil afirmó que la publicación fue realizada por personal de confianza , sin mostrar pruebas de ello. Además, la defensoría alegó que cualquier manifestación realizada es en calidad de funcionario público y no de persona física, situación que afectó los derechos del agraviado.
La actuación del presidente municipal (Guillermo Vega Guerrero) incide de manera perjudicial en la investigación y vinculación a proceso del probable responsable , aseveró.
El segundo caso se trata de una queja por presuntos actos de discriminación del director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, Germaín Garfias, el síndico municipal, Isidro Demeneghi Rivero, y el propio alcalde sanjuanense.
Sin embargo, al solicitar un informe de lo ocurrido se encontró una serie de anomalías que representan irregularidades administrativas y que impedían la labor de la DDHQ.
Consecuencias
Como resultado de los actos, la defensoría de derechos humanos estatal exhortó a que sea denunciado ante la Legislatura local y la Contraloría la irregular actuación del presidente municipal junto con la de ambos funcionarios, además de iniciar los procedimientos correspondientes y de generar las capacitaciones en materia de derechos humanos para todo el personal de la administración pública.