Lectura 4:00 min
Llevarán recursos contra el Tren Maya ante la OIT
Se trata del primer paso para colocar el asunto ante instancias internacionales; es previsible que se sumen nuevos amparos de otras comunidades.
Cancún, QR. Elisa Cruz Rueda, abogada que asesora a las comunidades de Calakmul, Campeche, que interpusieron el amparo contra el Tren Maya, informó que de manera paralela se están impulsando recursos ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del proyecto, “por violaciones a los derechos de los pueblos originarios”.
La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, recabó más de 1,000 firmas que ya fueron llevadas a Ginebra, sede de la OIT, y también fueron presentadas ante el Alto Comisionado de la ONU, que avalan un documento en el que se expone la violación a los derechos de las comunidades indígenas a finales del año pasado, ya que la consulta realizada entonces no atendió los principios de ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada como establece el acuerdo 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, aseguró la abogada.
Se trata del primer paso para colocar el asunto ante instancias internacionales, pero además, conforme transcurran las semanas, es previsible que se sumen nuevos amparos de otras comunidades de los cinco estados por donde correrá el Tren Maya, cuya exigencia de fondo no es la reposición del proceso de consulta, sino la cancelación definitiva del proyecto, añadió.
“Independientemente de que se conceda la suspensión definitiva, confiamos en que más comunidades se sumarán en el transcurso de los días, por las omisiones no sólo durante la consulta, sino en todo el proceso de preparación del proyecto, con información poco clara, sesgada e incluso inexistente sobre los impactos de la vía férrea, no sólo en una comunidad, sino en los cinco estados por los que correrá la vía férrea”, sostuvo.
Cruz Rueda recordó que la propia Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó que la consulta indígena sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya no cumple con todos los estándares internacionales en la materia.
Dicha instancia aseveró que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado; sin embargo, la convocatoria, el protocolo y la información presentadas a las comunidades durante el proceso de consulta del año pasado sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar el Tren Maya.
Suspensión firme
La abogada aseveró que pese a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se da por no enterado de la suspensión provisional otorgada por un juzgado de Campeche, el estatus del recurso ya se actualizó en la página de la Judicatura federal, donde se confirma que la suspensión fue otorgada y mandata al Fonatur y al gobierno federal abstenerse de avanzar en el proyecto de manera momentánea.
Reconoció que una de las causales por las que fue promovido el recurso fue en efecto desechada por el juez debido a que se dio como un hecho consumado la realización de la consulta a las comunidades; sin embargo, concede la suspensión en el segundo de los alegatos en el que argumentan que la referida consulta fue “simulada y fraudulenta”, ante lo cual ordena mantener el estado actual de las cosas hasta que se resuelva el asunto de fondo.
Lo anterior generó que se pospusiera hasta el 6 de febrero la primera audiencia incidental del proceso, luego de que el Fonatur no presentara información sobre la consulta debido a que por los tiempos de la mensajería la notificación no había sido entregada oficialmente a la dependencia.
Así, esto motivó que el Fonatur argumentase en un comunicado el martes pasado que no había ninguna suspensión concedida por los juzgados de Campeche; sin embargo, ya se puede consultar en la página de la Judicatura federal que la suspensión provisional fue concedida y están programadas las fechas de desahogo de audiencias incidental y constitucional, insistió la abogada.
El director general del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, confirmó que no habían recibido oficialmente dicha comunicación.