Niegan amparo a Aguakan, con el buscaba evitar ser fiscalizada

Cancún, QRoo.- La empresa Aguakan recibió un nuevo revés en tribunales al serle negado el amparo que tramitó para evitar que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo le realice revisiones fiscales por sus operaciones en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad.

Lo anterior luego de que el pasado 15 de mayo CAPA solicitó fiscalizar a Aguakan mediante el oficio CAPA/DG/0256/2024, para conocer su situación en tres municipios del norte del estado. 

Inmediatamente, Aguakan mostró su negativa a transparentar sus números, por lo que el 7 de junio tramitó un juicio de amparo indirecto bajo el número de expediente 711/2024 del Juzgado Quinto de Distrito.

Sin embargo, el juez le negó esta medida cautelar a la empresa argumentando daño al interés social.

“Se niega la suspensión provisional solicitada a efecto que no se emita resolución determinante como resultado del desahogo de la revisión de gabinete contenida en la orden de visita reclamada, (…) se advierte del contenido de la orden reclamada, tiene como objetivo el debido cumplimiento de la obligación de contribuir al gasto público mediante la emisión, en su caso, del crédito fiscal correspondiente; por tanto, conceder la medida cautelar iría en contra de disposiciones de orden público y se perjudicaría el interés social”, se lee en el fallo del juez federal.

Situación legal de la empresa

Actualmente Aguakan se encuentra amparada tras lograr la suspensión definitiva del decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo que había cancelado la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado que opera esta empresa desde 1990.

Es decir, con esta medida cautelar dictada por el Juzgado Octavo de Distrito, la concesionaria ha podido seguir prestando sus servicios en Benito Juárez (Cancún); Solidaridad (Playa del Carmen), Puerto Morelos e Isla Mujeres, hasta que el juicio se resuelva de fondo.

El decreto 195 que fue aprobado por el Congreso de Quintana Roo, apenas en diciembre de 2023, establece que el contrato de agua potable otorgado a Aguakan en 1990 expiró el 31 de diciembre de 2023, anulando con ello un decreto previo de 2014 , año en el que el entonces gobernador Roberto Borge —hoy preso— concedió una ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.  

La concesionaria impugnó ese decreto y logró que le fuera concedida una suspensión provisional, la cual fue ratificada como definitiva este lunes 22 de enero.

El gobierno de Quintana Roo interpuso una impugnación contra la medida provisional, argumentando que el contrato ampliado por el ex gobernador Borge en 2014 estuvo viciado de origen.

Al no prosperar esta impugnación, el gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.