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Reinicia AMLO negociaciones para finiquitar diferendo con Vulcan Materials

El presidente de México aseguró que le han vuelto a plantear a Vulcan Materials la posibilidad de adquirir las 2,400 hectáreas que la empresa posee en Playa del Carmen.

NARCH/NARCH30REUTERS, X07657

Cancún, QRoo.- En su reciente visita a Cancún, el pasado 29 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que han iniciado un nuevo acercamiento con la empresa Vulcan Materials para intentar llegar a un acuerdo de compra sobre las 2,400 hectáreas que esta empresa posee en Playa del Carmen a través de su filial Calica. 

Esto a su vez implica que está pausado el proceso de declaratoria de Área Natural Protegida de esa superficie de tierra, lo cual se anunció desde el año pasado por el propio presidente como una medida para impedir que se continúe con la actividad extractiva que la empresa realiza en estos terrenos para exportar material de construcción a Estados Unidos. 

El mandatario aseguró que le han vuelto a plantear a Vulcan Materials la posibilidad de adquirir las 2,400 hectáreas que la empresa posee en Playa del Carmen por un monto de 6,500 millones de pesos.  

Con esto el gobierno busca al mismo tiempo finiquitar el litigio internacional que Vulcan Materials entabló contra el gobierno mexicano en las instancias de resolución de controversias, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Queremos buscar el acuerdo, siempre buscamos el acuerdo, cuando ya no es posible porque se sienten muy prepotentes, caprichosos, pues ya no queda más que actuar de manera legal. 

“Estamos buscando que haya acuerdos, es mejor, siempre. Ayer llegamos al acuerdo con Iberdrola y se le compraron 13 plantas y teníamos diferencias”, dijo el mandatario. 

A pregunta expresa sobre si está pausada la declaratoria de área natural protegida de las 2,400 hectáreas que Calica posee en Playa del Carmen y la parte continental de Cozumel, el presidente asintió e insistió: “estamos esperando, a ver si llegamos a un arreglo, con esta disposición que tenemos de comprarles en 6,500 millones de pesos”. 

Antecedente

A finales del año pasado se publicó el estudio justificativo y se realizó una consulta pública previo a la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) sobre los terrenos que ocupa actualmente la mina Calica-Sac-Tun, en Playa del Carmen.

Según lo dicho por el propio presidente López Obrador previo al reinicio de negociaciones con Vulcan Materiales, su intención era decretar las 2,400 hectáreas de la empresa como ANP antes de que concluya su mandato, lo cual al parecer podría ya no ser así en caso de que se llegue a un acuerdo con la empresa. 

Esta mina está acusada por el gobierno mexicano de cometer ecocidio en el Caribe mexicano, una de las zonas turísticas más visitadas del país; en contraparte, la empresa ha promovido un litigio internacional contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por 1,900 millones de dólares, argumentando supuestas violaciones al tratado de libre comercio entre México y EU.

Vulcan Materials argumenta que han existido al menos tres actos de distintos órdenes del gobierno en su contra, los cuales se inician desde 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo del predio La Adelita, uno de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en ese predio, que es su principal giro económico desde su llegada México en 1986.  

El segundo acto de gobierno es la imposición de impuestos por el movimiento portuario en el muelle de Punta Venado en 2014, desde donde embarcan y movilizan la piedra triturada que exportan a Estados Unidos. Por último,  Vulcan reclama como tercer agravio la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017.

La clausura en 2022 de otro de sus predios, La Rosita, en mayo de 2022, sumó como nuevo componente al litigio.

Esto dio inicio a una segunda fase del arbitraje y tuvo como consecuencia dos rondas adicionales de escritos y una audiencia en la que se autorizó a la empresa ampliar el monto actualizado de compensación exigido a México de 1,500 a 1,900 millones de dólares.

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