Senadores de Estados Unidos piden alto a acoso contra Calica-Vulcan

Cancún, QR. Dos senadores estadounidenses, Bill Hagerty y Tim Kaine, miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador detener las acciones "dañinas contra las empresas estadounidenses", en referencia a la clausura y cierre de la mina a cielo abierto Calica-Vulcan, en Playa del Carmen y el muelle Punta Venado desde donde exportan material pétreo a la Unión Americana.

Los legisladores aseguran que las acciones emprendidas por el gobierno mexicano violan los acuerdos celebrados entre los dos países en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y ponen en peligro una relación comercial clave de Estados Unidos.

Mediante un pronunciamiento fechado en Washington, los senadores aseguran que el presidente de México ha acosado, interferido y obstruido las operaciones legales en México de Vulcan Materials Company (una empresa de agregados de construcción con sede en Estados Unidos), lo que socava las relaciones entre Estados Unidos y México.

“He sido un firme defensor de la reorientación de las cadenas de suministro integradas desde la China comunista a América del Norte... y nuevamente insto al presidente López Obrador debe revertir el rumbo antes de que se produzcan más daños”, comentó Bill Hagerty en el documento.


“Apoyo los esfuerzos del Departamento de Estado para ayudar y defender a las empresas estadounidenses en México, incluido dejar claro al gobierno mexicano que su trato a Vulcan y otras empresas socavará la confianza estadounidense e internacional en ese país. Insto al gobierno mexicano a que se abstenga de avanzar en esta dirección contraproducente”, comentó por su parte Kaine.

Antecedente

No se trata de la primera vez que senadores y miembros de la cámara de representantes estadounidense se pronuncian sobre la situación que enfrenta la mima Calica.

En marzo de este mismo año, los congresistas Gary Palmer; Robert B. Adelhort; Jerry L. Carl; Barry Moore; Mike Rogers; Terri A. Sewell y Dale W. Strong, así como por los senadores Katie Boyd Britt y Tommy Tuberville, hicieron pública una carta en la que aseguran que las acciones del gobierno mexicano contra Vulcan amenazan con socavar la confianza de las empresas estadounidenses en México como un mercado destino de las inversiones.

Proceso de declaratoria de reserva natural

Actualmente Vulcan Materials posee poco menos de 2,400 hectáreas de selva en los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen) y la parte continental de Cozumel, de las cuales alrededor de 300 han sido explotadas como banco de material pétreo a través de la mina a cielo abierto conocida como Calica.

Sin haber habido una expropiación o compra de las referidas 2,400 hectáreas, actualmente, el gobierno mexicano mantiene abierta la consulta pública del estudio justificativo para decretar las tierras de Calica-Vulcan Materials como área natural protegida.


Según el anuncio hecho por el gobierno federal el pasado 9 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, la nueva reserva natural en Calica tendrá estatus de zona protección de flora y fauna y llevará el nombre de Leona Vicario.

Abarcará una superficie de 2,387 hectáreas en los municipios de Solidaridad y Cozumel, que incluyen la mina a cielo abierto y el muelle contiguo de Punta Venado.

El objetivo anunciado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es que antes de que concluya su mandato quede lista la declaratoria de área natural protegida para evitar que se siga extrayendo piedra caliza y ésta se exporte a Estados Unidos, “a costa de la destrucción del territorio nacional”.

Sólo declaraciones

Hasta el momento sólo ha habido anuncios sobre la compra de la tierra desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador mediante los cuales el mandatario ha dicho: “Les estamos haciendo una propuesta, ya mandamos a hacer un avalúo, tienen 2,400 hectáreas, ya va en camino la carta que le envío al embajador Esteban Moctezuma, para que formalmente se les haga la propuesta de que se les compra todo por 6,500 millones de pesos”.

En respuesta, la empresa ha solicitado expresamente la intervención del gobierno estadounidense y del propio embajador Ken Salazar, argumentando que:

“Aunque nos hemos enterado a través de la prensa que el presidente pretende adquirir nuestra propiedad por $6,500 millones de pesos- actualmente, aproximadamente USD $360 millones de dólares- sólo hemos recibido de su gobierno un inadecuado ejercicio de avalúo con respecto a nuestro terreno por esa cantidad realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Públicos (Indaabin), que es una agencia gubernamental no independiente.

“Ese importe representa una pequeña fracción del valor justo de mercado de nuestras inversiones. Además, las tasaciones del Indaabin no tienen en cuenta el valor de nuestro negocio en su conjunto, ni el valor de las reservas de piedra caliza que poseemos, como se ha demostrado en el arbitraje de inversiones en curso en el marco del TLCAN”.

rrg