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CDMX refrenda apoyo a empresarios legales y endurece medidas contra el contrabando
Tras operativos en el predio de Izazaga 89, autoridades solicitaron la extinción de dominio, estableciendo un precedente contra el contrabando y piratería en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Operativo de decomiso en la plaza Izazaga 89.
El operativo de decomiso en la plaza de Izazaga 89 es un mensaje para los empresarios que operan en la legalidad, “quienes paguen impuestos y estén conforme la ley van a tener a poyos por parte del gobierno de la Ciudad de México para la realización de sus actividades; pero para quienes operan en la ilegalidad “no vamos a permitir que se consoliden” señaló esta tarde en conferencia el secretario de gobierno capitalino César Cravioto.
“A todos lo que tienen inmuebles en el centro de la Ciudad de México, que revisen qué actividades están haciendo, porque la autoridad está vigilando y vamos a actuar”, señaló sobre el tema de la extinción de dominio del inmueble ubicado en izazaga 89, solicitado a la Fiscalía General de la República.
El lugar ha tenido cuatro operativos recientes y locatarios no pudieron acreditar los contratos de arrendamiento conforme a la ley o alguna documentación sobre sus actividades, por lo cual “dejará de pertenecer a sus dueños” aunque todavía no se determina sí será a favor del gobierno capitalino o del gobierno federal, explicó el secretario de Economía Marcelo Ebrard.
“Si eres propietario de un inmueble en el que se desarrollan actividades ilícitas y no haces algo para impedirlo, vas a perder la propiedad porque eres parte de la actividad”, y está estipulado en la ley, agregó.
Los dueños de la mercancía tendrán 15 días para acreditar la procedencia lícita de la misma, lo que se prevé no suceda, por lo cual los 262,334 objetos decomisados, con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos serán destruidos “es perdida total”.
“Queremos dejar claramente establecido que ya no se puede recuperar la mercancía” la medida pretende dejar un precedente para quienes intenten comerciar productos traídos de manera ilegal a la ciudad de México, en particular el Centro Histórico, agregó.
El operativo, señalan, no fue improvisado, se trató de una labor de coordinación entre las autoridades federales y de la Ciudad de México con la participación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y las secretarías de Finanzas y de Seguridad y Protección Ciudadana; que buscan dar certidumbre a empresarios e inversionistas de que en el país se acatan los tratados internacionales sobre la propiedad intelectual y la legalidad.