Jalisco contará con Secretaría de Energía estatal

Guadalajara, Jal. Para generar la infraestructura energética que requiere el estado, aprovechar las oportunidades del nearshoring y atraer nuevas inversiones a la entidad, el próximo gobierno estatal proyecta elevar a rango de Secretaría la actual Agencia de Energía, según lo planteó el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, a los representantes de las cámaras y asociaciones que conforman el Consejo de Industriales Jalisco (IJ). 

Como parte de su agenda 2024-2030, los industriales comprometieron inversiones por 2,800 millones de dólares, con capitales procedentes principalmente de Estados Unidos, que permitirán crear 28,000 empleos, y que serán ejercidos entre diciembre del 2024 y el mismo mes del 2025, comentó a El Economista, el coordinador del Consejo de Industriales Jalisco, Antonio Lancaster-Jones.

“Las empresas del CCIJ, la industria, tenemos inversiones ya aseguradas, comprometidas para el próximo año, de más de 2,800 millones de dólares, principalmente en el sector de alimentos y bebidas, en el sector de manufactura, parques industriales y en el sector logístico es donde estarán concentrados la mayoría”, detalló el dirigente de los industriales en la entidad.

“Le hicimos el ofrecimiento y la solicitud de hacer coinversiones en el sector energético y en el sector del agua; sobre todo para construir plantas de tratamiento de aguas residuales de la industria y también infraestructura para la distribución de la energía que es lo que hoy necesitamos y para eso también se requieren gestiones federales para que se nos permita”, abundó.

Entrevistado luego de la reunión privada que sostuvo el Consejo de Industriales Jalisco con Lemus Navarro, el coordinador del organismo empresarial subrayó: “De hecho, anunció que va a presentar en los próximos días una Secretaría de Energía en el estado; está proponiéndole al Congreso una Secretaría de Energía, nosotros lo vimos con muy buenos ojos”.

Infraestructura

El sector industrial de Jalisco pidió al gobernador electo infraestructura y seguridad tanto pública como jurídica, así como una gestión efectiva ante el gobierno federal, para que el estado tenga las condiciones propicias para seguir atrayendo Inversión Extranjera Directa (IED).

“Le pedimos un aumento al presupuesto de Desarrollo Económico, le pedimos que se sumara a nuestra política industrial y viera los temas de la industria como prioritarios; sobre todo, los temas de energía, de infraestructura carretera y sobre todo, hay mucha de la infraestructura que depende del gobierno federal, pero le pedimos las gestiones necesarias como líder del estado, para que se puedan lograr nuevas inversiones”, comentó Lancaster-Jones González.

El dirigente de los industriales en la entidad afirmó que el gobernador electo “se comprometió a impulsar los proyectos que le presentamos, porque la mayoría de estos proyectos de infraestructura tienen origen federal como es el tema de energía, la carretera 90, el libramiento de Ocotlán, el tren de carga en el tramo que une a Jalisco con Aguascalientes, inversiones que tienen que ver con gestiones para el puerto de Manzanillo, sobre todo ahí creo que son muy importantes las gestiones con el gobierno de Colima y el gobierno federal porque toda la carga que entra y sale de Manzanillo, pasa por Jalisco”.

Antonio Lancaster-Jones reiteró que el sector industrial pidió al gobernador electo de Jalisco que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) cuente el próximo año con un presupuesto de 1,000 millones de pesos como mínimo, y aumentar también los recursos para las dependencias relacionadas con ella.

El coordinador de Industriales Jalisco mencionó que este año Sedeco ejerce un presupuesto de 36 millones de pesos, que, sumados a los 200 millones de su nómina, ascienden a 236 millones de pesos.

Seguridad

Otro de los rubros que abordaron los industriales con Pablo Lemus fue el de la seguridad.

De acuerdo con su dirigente, Antonio Lancaster-Jones, además de la policía estatal de caminos que prometió el gobernador electo durante su campaña, para garantizar la seguridad en las carreteras, los empresarios exigen también seguridad jurídica para dar certeza al patrimonio de los inversionistas.