Lectura 3:00 min
Biden defiende a los dreamers, único caso de éxito migratorio
Texas señala que el programa DACA ha perjudicado al erario por gasto de decenas de millones de dólares.
Washington. El gobierno del presidente Joe Biden expresó sus alegatos el día de ayer ante la corte de apelaciones del Quinto Circuito en defensa de la política que impide deportar a los "dreamers" o soñadores, es decir los inmigrantes irregulares que llegaron de niños a Estados Unidos.
Esta política llamada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue lanzada por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger a estas personas contra la deportación y permitirles trabajar.
Según los últimos datos proporcionados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el 31 de diciembre del año pasado 611,470 personas tenían este estatus.
En julio de 2021 el juez Andrew Hanen de la corte federal de Texas dictaminó que DACA es ilegal. Permitió que se sigan procesando las renovaciones pero prohibió que se procesen nuevas solicitudes.
"El memorándum DACA de 2012 impugnado en este caso es legal en su totalidad y debe mantenerse", dijo ayer a los jueces Brian Boynton, un abogado del Departamento de Justicia en nombre del gobierno.
Insistió en que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tiene autoridad para establecer prioridades a la hora de aplicar la ley de inmigración.
Derroche de dinero, acusa Texas
Texas y otros estados dirigidos por republicanos estiman que el programa los ha perjudicado con decenas de millones de dólares gastados en servicios de salud para atender a los soñadores.
"Texas no proporcionó pruebas de que DACA aumentara el uso de los servicios estatales", reaccionó en su alegato Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Fondo de Educación y Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF).
El fiscal general de Nueva Jersey Jeremy Feigenbaum también salió en defensa de este programa, que acaba de cumplir 10 años.
Para acogerse al DACA, estos inmigrantes deben vivir en Estados Unidos desde 2007 y haber llegado antes de cumplir 16 años. También deben estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las fuerzas armadas y no tener antecedentes penales.
El DACA nació como una medida provisional y sigue siéndolo a falta de una iniciativa definitiva del Congreso, pero se halla bajo amenaza.
En 2017 Donald Trump quiso ponerle fin alegando que era inconstitucional, lo que provocó una batalla judicial que terminó en la Corte Suprema. Esta última lo mantuvo abierto para los beneficiarios pero impidió la presentación de nuevas solicitudes.