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Colombia renueva su atractivo para las inversiones de telecomunicaciones
Colombia quiere actualizar su marco regulatorio para reducir la brecha digital y que ninguno de los 47 millones de colombianos carezcan de un acceso a la información, la salud o educación, y también prepararse para adelantos tecnológicos como la comunicación por 5G.
Colombia retomará en dos semanas los trabajos para construir un nuevo marco regulatorio y órgano regulador convergente en telecomunicaciones, radiodifusión y TICs, cuya meta será garantizar la certidumbre jurídica para las inversiones del sector y de paso recomponer la desgastada relación de las empresas con el gobierno por polémicos casos como la reversión de activos de AMX-Movistar o por los retrasos del apagón analógico y la subasta del espectro de 700 MHz que todavía pesan en el ambiente local.
El principal fin de esta reconfiguración de la estrategia sectorial está en conectar al 43% de los colombianos que aún no reciben un servicio de banda ancha, aproximadamente 20 millones de personas repartidas en toda la geografía colombiana y por eso el plan del gobierno liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) pasa por una fusión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) como actuales reguladores en telecomunicaciones y radiodifusión para crear un órgano convergente que en el papel todavía se llama “Comisión de Comunicaciones".
La nueva política del Estado colombiano para el sector plantea una ampliación de las concesiones de espectro que se otorguen o renueven en el futuro, de diez a veinte años y todavía está en el aire la discusión para entregar títulos por hasta treinta años de vigencia.
Se promete a la vez una reducción de la carga tributaria y se espera que en las próximas discusiones se considere una desregulación o incentivos para que empresas locales o con operación en el país puedan competir con nuevos modelos de negocios en Internet contra empresas digitales como Netflix, y al mismo tiempo se prevé que quede amarrado el tema de los recursos públicos, política de cobertura y garantía de libertad programática en los medios públicos audiovisuales, principalmente la televisión, que fue lo que causó un revuelo de comentarios negativos, un impasse, en la primera tanda de discusiones del proyecto el año pasado, uno también de sucesión presidencial.
De esta manera, Colombia quiere actualizar su marco regulatorio para reducir la brecha digital y que ninguno de los 47 millones de colombianos carezcan de un acceso a la información, la salud o educación, y también prepararse para adelantos tecnológicos como la comunicación por 5G, que a su vez demandarán certeza legal para las costosas inversiones que esos despliegues implican para los operadores.
Estas promesas harán de Colombia un mercado atractivo para las empresas del sector, luego de un difícil periodo 2017-2018 marcado por una pelea de Telefónica y América Móvil contra el Estado, por una política pública de hace 25 años que se saldó con la obligación por parte de las operadoras de pagar más de 1,500 millones de dólares al país y eso repercutió en un retraso de subastas de frecuencias por el abierto desinterés de las compañías y en despliegues de 4G y tecnologías más novedosas en ese mercado. Fue un capítulo que todavía duele a la industria, pues obligó a esas empresas tomar compromisos de deuda internacional que seguirán pesando en sus estados, recuerda Gustavo Fontanals, experto en telecomunicaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Ahora, quedará por conocer cómo trascenderá en otros países la existencia de un nuevo marco regulatorio en Colombia, en días que el peso argentino liga una depreciación de 11.29% en el año y una inflación general de 47% en 2018, que se traduce en pulverización de ganancias para los operadores, y cuando en Chile no se ponen de acuerdo con la tenencia/explotación por espectro radioeléctrico para 4G y 5G, y mientras en México los dos grandes operadores con presencia en Colombia también enfrentan distintos retos.
Como ejemplo, mientras Telefónica levantó 1,667 millones de dólares en Colombia durante 2018, 2.6% más que en 2017, en México recogió 1,334 millones de dólares, 6.1% menos que un año antes. AMX, por su parte, consiguió 3,564 millones de dólares en el mercado colombiano –un quinto de su negocio mexicano— y ello se sustenta en el crecimiento de 3.7% de sus usuarios de pospago, 6.2% global en sus unidades fijas, y medido en ingresos, su negocio de banda ancha creció 11% y en 6.5% en TV de paga.
Analistas consideran que cada mercado ofrece oportunidades y complejidades distintas, pero coinciden en que el caso colombiano está siendo seguido de cerca por la industria en general para conocer el nivel de confianza para sus próximas inversiones:
“Colombia es un referente regulatorio, aún con los reveses por el retraso en la concesión de la banda de 700 y la reversión de activos de AMX-Telefónica, porque estos casos han generado aprendizaje en las autoridades que lideran el sector, que ya buscan generar un ambiente de confianza para los inversionistas al adoptar políticas a largo plazo y no sólo orientadas a los operadores tradicionales, pues han incluido regulación en cobro de impuestos a los OTTs y aunque se hubiera creído que eso provocaría una salida de estas aplicaciones, por el contrario, ha habido apertura de oficinas regionales en Colombia”, dice Patricia Falconí Castillo, abogada en especializada en telecomunicaciones del despacho Prospectus que mira el mercado colombiano desde Ecuador.
“Y también han establecido una campaña de depuración de normativas obsoletas, simplificación de procesos; pero lo más importante, es haber aprobado una norma de calidad regulatoria, que asegura que en el tiempo la normativa adoptada debe cubrir y cumplir con los objetivos planteados, para que se hayan corregido daños o desviaciones en el mercado, si fuera el caso”, agrega Patricia Falconí.
Esas palabras hallan coincidencia en que la industria ha vuelto a proponer ideas para el futuro del sector, como por ejemplo la ASIET:
Por distintas condiciones políticas, económicas y regulatorias y también por estrategia y oportunidad, las mega-inversiones del sector se han dirigido a Brasil y hacia América Central en lo que va de 2019.
En los últimos meses, Tigo compró los activos de Telefónica en Panamá, Costa Rica y Nicaragua por 1,650 millones de dólares y todavía meses más atrás había desembolsado otros 1,000 millones de dólares por Cable Onda de Panamá, con lo que estará en vía de configurar una robusta red de telecomunicaciones por fijo desde la frontera sur de México hasta la frontera noroccidental de Colombia.
América Móvil igualmente se hizo con los clientes e infraestructura de Movistar en El Salvador y Guatemala por 608 millones de dólares y hace unos días adquirió los activos de Nextel Brasil por 905 millones de dólares.
Las siguientes posibilidades de negocios futuros estarán en la compra de insumos necesarios como el espectro y uno de ellos es la banda de 700 MHz de Colombia, porque el todavía plan de la Red Troncal de México no ha quedado del todo claro para los inversionistas y la Red Dorsal de fibra óptica de Perú no ha dado los resultados que su actual concesionario esperaba, por ello, un nuevo marco regulatorio colombiano para el espectro, pone en ventaja a ese país, o al menos desata optimismo en la industria.
“La banda de 700 MHz es de las frecuencias que ofrece mayor cobertura menor número de estaciones respecto a otras bandas de frecuencias, por lo que haciendo uso eficiente de esta banda y con una inversión precisa, se pueden cubrir grandes zonas de cobertura. Colombia, entonces, debe buscar innovadoras formas de otorgar el espectro y cuando hablamos de innovación, no sólo se refiere a las empresas sino también a los Estados, por lo que hacer uso de esta capacidad es importante para conseguir nuevas soluciones a antiguos problemas (como la reversión de activos a cierto tiempo)”, refiere Gerardo Mantilla, gerente de proyectos regulatorios de Artifex Consulting.
Mantilla expone que la proyección de crecimiento económico para Colombia este año, de 3.3%, es un dato que genera optimismo para la industria en el futuro de su sector y ese sentir crece con la afirmación del Mintic que la banda de 700 MHz no saldrá a subasta con ánimos recaudatorios.
La previsión para la economía mexicana ha sido ajustada a la baja media docena de veces este año por un mismo número de organismos. El último pronóstico de crecimiento es de 1.6% para 2019 y los insumos para las empresas también se han venido elevando a doble digito desde 2015, lo mismo que los paquetes para el usuario, adicional a que el operador más grande del sector está impedido de ofrecer video, con lo que se podría azuzar la competencia en ese segmento y sobre ese mismo negocio, otra compañía muy presionada en sus estados financieros, Telefónica, lanza comercialmente en hoy en el país su producto de video “Movistar Play” para tratar de captar más consumidores, como ya lo está haciendo en Colombia con estrategias así.
“El gran promotor de nueva política pública ha sido Colombia, pero donde han quedado atorados en es el tema regulatorio. Y así como han creado legendarios planes de conectividad como Pymes Digital, también ha habido hechos desafortunados por el caso de la reversión de activos, que no existe un caso similar en América Latina, porque desde el gobierno del presidente Santos se mandó un mensaje paralelo”, expone Jorge Fernando Negrete, director en Digital Policy & Law (DPL).
Negrete recuerda además que en Colombia existen compañías con participación del gobierno y otras enteramente administradas por éste, como Une de Medellín, que complican un desarrollo del sector conforme las prácticas del mercado.
“Y está el caso de que el gobierno federal es socio de Movistar, por todo eso se generan distorsiones y por eso también el plan de una nueva ley de telecomunicaciones para generar confianza en las inversiones con un regulador convergente y con certeza en la vigencia y alcance de las concesiones, porque la reversión de activos de AMX-Telefónica le quitó al sector tres años de inversión y ahora el gobierno comprende que la clave está en resolver el escollo regulatorio y eventualmente abrir paso a un proceso de consolidaciones, que hará más atractivo a este país”.