España ratifica inhabilitación de Garzón

El órgano de gobierno de los jueces en España ratificó el jueves la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial que ya había aprobado a principios de semana, cumpliendo así con lo establecido en la condena a 11 años de inhabilitación profesional dictada por el Tribunal Supremo.

Garzón, de 56 años, fue condenado este mes por el Tribunal Supremo, que consideró que había violado el derecho de defensa de los presuntos cabecillas de una red de corrupción al ordenar las escuchas de sus conversaciones en prisión con abogados.

La condena supone la "pérdida definitiva del cargo que ostenta (...) así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo".

Garzón pidió el 22 de febrero pasado la nulidad de la sentencia, un requisito previo para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ha dicho que de ser necesario llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El juez está ahora a la espera del fallo de otro proceso que se sigue en su contra, relativo a su investigación sobre el asesinato de decenas de miles de civiles durante la dictadura de cuatro décadas del general Francisco Franco.

En este caso se lo acusa de violar una ley de amnistía al ordenar una investigación sobre los crímenes del franquismo.

Garzón, conocido a nivel mundial por investigar causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, es una de las figuras más polémicas de la judicatura española.

Es alabado por sus operaciones contra el grupo separatista vasco ETA y su entorno, la corrupción y el narcotráfico, así como por sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo, pero también es criticado por lo que algunos consideran afán de notoriedad y por sus procedimientos judiciales.

Garzón cobró fama internacional luego de su intento de extraditar al dictador chileno Augusto Pinochet de Gran Bretaña en 1998 para responder por violaciones de derechos humanos luego de su golpe de Estado en el país sudamericano en 1973.

Esto sentó un precedente para el principio de que los crímenes de lesa humanidad pueden ser investigados en cualquier parte del mundo.

Garzón había sido suspendido provisionalmente de su cargo en la Audiencia Nacional en mayo de 2010. Desde entonces ha sido asesor de la Corte Penal Internacional durante un año y en la actualidad lo es de la misión de la Organización de Estados Americanos en Colombia.

RDS