Nicaragua quita la nacionalidad a 135 presos políticos liberados

San José. El gobierno de Nicaragua revocó el martes la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada antes y que la ONU rechaza.

La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión desde las protestas del 2018, según la ONU.

Un tribunal de Managua ordenó la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense" y "dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados", según un comunicado.

"Sabíamos que podíamos pasar algo así, pero no tan rápido", dijo a la AFP Pedro Gutiérrez, uno de los 135 excarcelados, en la capital de Guatemala.

"Ha sido un golpe duro, sentimos como una espada que nos atraviesa y nos hace sentir impotentes", agregó el exvendedor de autos, quien contó que fue detenido el 11 de febrero de 2023 tras hacer una protesta en solitario en Managua para exigir la liberación. del obispo Rolando Álvarez.

Aislamiento

El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, criticó la retirada de la nacionalidad como "actos inhumanos y crueles" que "sólo sirven para aislar aún más a Nicaragua", escribió en la red social X.

Por su parte, el gobierno guatemalteco dijo que "la opción de aplicar al asilo que ofrece Guatemala se mantiene" para los 135 nicaragüenses. También pueden optar a refugio en Estados Unidos y otros países.

"Esta resolución [de Managua] es una prueba fehaciente de aceptación del crimen de lesa humanidad de destierro o traslado forzoso y de la persecución política", declaró el abogado nicaragüense Salvador Marenco, exiliado en Costa Rica.

Con esta decisión, llega a 451 la cifra de opositores nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad desde inicios del 2023, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales.

Contra legislación

La ONU denunció el martes una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlado por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos denominaba "proteger".

El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La ley contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por "delitos contra la administración pública" o "delitos contra el Estado o instituciones", entre otros.

El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras del 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5,500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.

Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados.

Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, un enviado estadounidense pidió a Ortega que no los despojara de la nacionalidad nicaragüense, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.