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4T, la evaluación
Con la realización de las elecciones 2024, llegó el principio del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La definición de la sucesión presidencial, activa la cuenta regresiva del obradorato.
López Obrador dejará de ser Presidente de México, el próximo primero de octubre.
A diferencia de sus antecesores, López Obrador no concluirá su gobierno el 1 de diciembre de 2024. Dejará de ser Jefe del Ejecutivo, dos meses antes, respecto del tiempo que tuvieron quienes lo antecedieron.
Así se estableció en la ley en materia político-electoral reformada el pasado 10 de febrero de 2014. La reforma se aprobó básicamente por razones económicas.
Se consideró que la duración de la transición gubernamental restaba eficacia a las acciones del gobierno entrante.
Fundamentalmente, impedía al nuevo presidente incidir de manera decisiva en la confección del Presupuesto de Egresos, para su primer año de mandato.
Con la reforma, que modifica el momento en que termina el mandato del actual Presidente de México, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación tendrán que presentarse antes del 15 de noviembre y los cambios permitirán que lo que presente el sucesor de López Obrador sea analizado y discutido con tiempo por el Congreso.
Una vez que se cumplió la cita de la sociedad mexicana con las elecciones del 2024, inicia un nuevo ciclo en la política mexicana.
Y al mismo tiempo se registra una etapa de evaluaciones de la gestión del gobierno saliente.
El propio gobierno ha venido realizando una serie de señalamientos respecto de lo que desde su perspectiva ha alcanzado y lo ha diferenciado de gobiernos previos. Obviamente su evaluación es positiva.
Vale la pena registrar lo que señalan los especialistas en materia económica al respecto.
En otros textos en este mismo espacio, le he informado de otros analistas cuyas evaluaciones son muy críticas.
Todo parece indicar que apenas son parte de una tendencia.
En su más reciente análisis, Intercam, Casa de Bolsa, titulado: los números del sexenio, destaca que posiblemente este sexenio termine siendo el más bajo que se tenga desde la administración de Miguel de la Madrid Hurtado, con un crecimiento promedio de 1%.
Señala que podría considerarse un sexenio perdido en crecimiento económico. El PIB per cápita no creció y además el crecimiento sexenal, es inferior al crecimiento del empleo de 1.6% y de la población económicamente activa de 1.5%, con lo que la productividad total de los factores fue negativa durante todo el sexenio.
Cerrará con un índice de inflación que rompe tres sexenios de una ligera tendencia a la baja; un peso notoriamente apreciado en su cotización frente al dólar y finanzas públicas vulnerables con el nivel más elevado de déficit desde el sexenio de Zedillo.
Por otra parte, refiere la caída significativa de producción de petróleo a pesar de los constantes apoyos del gobierno federal a Pemex, con una reducción de 28% con respecto al sexenio pasado y la elevada deuda que mantiene.
Pemex ha recibido apoyos del gobierno por 2.2 billones de pesos, y a lo largo del sexenio y hasta el primer trimestre de este año, ha perdido cerca de 800 mil millones de pesos en refinación.
Por su parte, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado (CEESP), el órgano de análisis económico del Consejo Coordinador Empresarial en su último análisis económico se enfoca en la evaluación de la gestión gubernamental lopezobradorista en el sector salud.
Sin embargo, hace una serie de juicios generales muy directos.
Señala que concluye un sexenio que se caracterizó por promesas incumplidas, el fracaso en la lucha contra la corrupción, la inseguridad y la violencia y continúa representando un pendiente muy importante.
Refiere que de acuerdo con el Índice de Paz México 2024, el impacto económico estimado de la violencia en México durante 2023 fue de 4.9 billones de pesos que representó el 19.8% del Producto Interno Bruto.
Señala que la promesa de crecer al 6% anual se vino abajo y recuerda que la recuperación posterior, además de ser muy lenta en comparación con muchos países, también fue menos dinámica.
El CEESP sostiene que entre los objetivos incumplidos más relevantes está la mejora del sector salud.
El desmantelamiento del seguro popular significó que en 2020 casi 16 millones de personas perdieran su acceso a servicios de salud, cifra que prácticamente se duplicó para 2022 por la ineficiencia del Insabi.
De acuerdo con la Enadid 2023, entre 2018 y 2023 22.7 millones de personas perdieron su afiliación a alguna institución de salud y 15.7 millones dejaron de asistir a las instituciones del sistema público mientras que la demanda de servicios médicos en farmacias privadas aumentó en 9 millones de personas y la atención en clínicas y hospitales privados creció en 9.8 millones.
La evaluación sexenal no es positiva. Al tiempo.