5 claves sobre la vigilancia de teléfonos celulares

1. La red de espionaje creada durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), cuando Héctor Serrano fue secretario de Gobierno, tenía como insumos datos de las comunicaciones privadas de los usuarios de teléfonos celulares. Esa información es administrada por las compañías telefónicas y se supone de acceso exclusivo de instancias de seguridad y procuración de justicia. La red espió a activistas, funcionarios y opositores políticos, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Patricia Mercado.

Ahora: el Senado pretende crear otra nueva y gigantesca base de datos con información de los usuarios de telefonía móvil de México. Hay 126 millones de líneas activas. Lo hará reformando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Este nuevo repositorio se realizará en paralelo a la base de datos vigente y será administrado por el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones). 

2. La red de espionaje en el gobierno de Mancera obtuvo de las compañías telefónicas datos de las comunicaciones privadas de personas consideradas de interés para el grupo político. Tenía datos de la ubicación geográfica de los teléfonos vigilados, números telefónicos de las llamadas realizadas y recibidas a través de esos teléfonos, además de la fecha, hora, duración y destino de las llamadas. Todos estos datos son recabados por las compañías telefónicas por obligación legal.

Ahora: el nuevo registro que proyecta el Senado incluirá lo que hace falta a la base de datos vigente: los datos biométricos de los titulares o responsables corporativos de las líneas telefónicas. Los datos biométricos son registros corporales y físicos de las personas, como huellas dactilares, características del iris de los ojos o el tono de voz, que pueden convertirse en información muy poderosa y representar serios riesgos para sus titulares en caso de mal uso.

3. La intervención de las comunicaciones privadas en México se realiza sin control. Prácticamente cualquier autoridad puede solicitar datos y las compañías telefónicas están obligadas a entregarlos con celeridad. Telmex y Telcel, de América Móvil, son las compañías más colaborativas: dan respuesta positiva al 100% de las solicitudes sin verificar si se cumple o no con las obligaciones de ley para acceder a los datos privados.

Ahora: no hay transparencia sobre las autoridades que piden la intervención de comunicaciones privadas, una herramienta de vigilancia normada desde la gran reforma de telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto de 2014. El IFT se sacudió en 2018 de la obligación de informar sobre los requerimientos de autoridades para acceder a esa información.

4. La Procuraduría Federal de la República (hoy, Fiscalía General) y las fiscalías del Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz tienen los primeros lugares entre las autoridades con mayor número de requerimientos de intervención de comunicaciones. El descontrol en el uso de esta herramienta de vigilancia permitió que autoridades no facultadas solicitaran y obtuvieran datos privados de ciudadanos, como la policía internacional Interpol, el instituto electoral de la Ciudad de México, autoridades de conciliación laboral y las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.

Ahora: el candado de acceso que determina la nueva reforma para acceder a los datos personales de los ciudadanos es similar al candado de 2014: en el papel, las únicas autoridades facultadas para solicitar la intervención son las instancias de seguridad y procuración de justicia. ¿La red en el gobierno de Mancera cumplía con ese criterio? Evidentemente no.

5. Ahora López Obrador es presidente. Sheinbaum sustituyó a Mancera en el Gobierno de la Ciudad de México. Mancera, Monreal y Mercado son senadores. Serrano es diputado federal. El espionaje desde el gobierno, publiqué hace unos meses, es como el derecho de pernada para el señor feudal: quien tiene el poder lo ejerce y los demás guardan silencio. Los únicos perjudicados, como siempre, somos los ciudadanos en un país sin estado de derecho.