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Opinión

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AMLO y los empresarios (o como quien dice, el 2018 no es el 2006)

La semana pasada Andrés Manuel López Obrador advirtió que un grupo de prominentes empresarios, Ramírez, Bailleres, Larrea, X. González (¿habría que incluir a Senderos?), pretendía influir, de manera ilegal, en la elección, ya que buscaron utilizar espacios en medios electrónicos en contra de un candidato y apoyar a otro, fuera de los esquemas que establece la legislación electoral.

Los hombres de negocios en México pueden participar en política, opinar e incluso financiar a candidatos, pero sólo dentro de los estrictos límites que marca la regulación de gastos de campaña. El propio Tribunal Federal de la Federación, que interpreta la Constitución en materia electoral, demostró que la pauta de mensaje, como el de “Mexicanos Primero” que hacía referencia al tema electoral respecto a la educación, no era legal.

La regulación es similar al modelo de comunicación política de países europeos y se explica en México por la campaña de medios financiada por algunos de esos empresarios precisamente contra López Obrador en el 2006. El reclamo fue convertido en una supuesta afrenta contra quien emprende y genera empleo. Eso no corresponde a lo que López Obrador ha planteado, ni a lo que hizo en su responsabilidad como gobernante de la capital. La oferta de López Obrador es concertar con el sector privado políticas que ayuden a reactivar la economía y la productividad de empresas y personas. Eso tendría que trascender la política industrial que se limita a la apertura comercial y la agenda de reformas que no cambió la matriz productiva del país. López Obrador se refirió a la época del desarrollo estabilizador como un ejemplo de cómo se pueden concertar políticas exitosas entre el sector privado y el público.

De hecho, lo que ha sucedido en los últimos años es el desarrollo de una agenda que solamente beneficia a cierto tipo de empresas, muchas de ellas sólo subsidiarias de grandes corporaciones globales. Por ejemplo, se aprobó, sin mayor discusión, el TPP 11, que pone en riesgo a no pocas industrias locales, debido a las políticas comerciales de algunos países, famosas por ser poco leales, como Vietnam o Malasia. Después del tratado, no se han anunciado políticas para compensar las pérdidas y maximizar las posibles ventajas del nuevo acuerdo.

El 2018 no es el 2006. El crecimiento institucional que hemos tenido como país impide que un puñado de personas, por acaudaladas que sean, decidan el resultado de la elección presidencial. Empresarios de todo tipo, incluyendo los que dirigen a los grandes medios de comunicación, entienden que el país tiene que expresarse, que la mejor forma de canalizar el descontento es por medio de una opción democrática, plenamente respetuosa del marco legal, que ofrece combatir a fondo la corrupción y dar opciones a sectores olvidados, como los estudiantes y los adultos mayores.

El compromiso es evitar que la política pública desborde a las finanzas públicas y no ponga en riesgo la estabilidad macro. El compromiso es actuar con pragmatismo, con soluciones como la que se propone para el nuevo aeropuerto, para que sea efectivamente la iniciativa privada, no el presupuesto público, la que se encargue de financiar un proyecto que es viable bajo este esquema. El presupuesto se destinaría, entonces, a proyectos con una alta rentabilidad social, como inversiones en agua, en movilidad y en infraestructura carretera y portuaria.

En el documento de divulgación Pejenomics, se citan propuestas como fondos de inversión público privados para infraestructura, diversificar exportaciones y a los actores del sistema financiero, incursionar en nuevos sectores de manufactura, crear laboratorios de innovación, buscar que los beneficios de la globalización se compartan, aumentar la producción de contenido nacional, generar planeación de largo plazo, etcétera. Es decir, se trata de una buena oportunidad para poner en marcha políticas que impulsen el crecimiento, sin los prejuicios neoliberales que explican el bajo crecimiento, ya crónico, de la economía del país.

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York

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