Árbitros electorales locales deben existir

¿Deben o no existir órganos electorales locales? La pregunta regresa a las discusiones legislativas y me parece que hay una respuesta clara a la luz de la experiencia: Sí deben existir, aunque también requieren nuevos mecanismos para designar a sus consejeras y consejeros que garanticen su plena independencia y compromiso con la democracia, así como nuevos procedimientos de asignación presupuestal que eviten presiones indebidas de gobiernos en turno.

Con la reforma electoral del 2014, las fuerzas políticas lograron concretar lo firmado en el llamado “Pacto por México”, donde perfilaban originalmente “nacionalizar” todas las elecciones para llevar al ámbito local las buenas prácticas y candados de confianza que han funcionado en la órbita federal.

Más allá del debate sobre federalismo que entonces tuvo lugar, hay complicaciones prácticas que impiden asumir la desaparición por completo de árbitros locales, porque existe una complejidad específica en cada entidad, leyes con particularidades que contrastan entre un territorio y otro, problemáticas asociadas al entorno municipal que no son fácilmente controlables centralizando todo desde Ciudad de México, y menos desapareciendo o debilitando a instancias locales de arbitraje.

Centralizar en el INE toda la conducción de comicios locales y federales no era ni sería buena idea, por eso en el 2014 se concluyó que lo mejor era un modelo mixto, aunque eso no significa desconocer que pueden fortalecerse los criterios para encontrar mejores perfiles al cargo de consejeras y consejeros locales y blindar la injerencia de gobernadores, por ejemplo, evitando que presionen al órgano electoral local condicionando o limitando el flujo del presupuesto aprobado para el desahogo de los comicios (como ha ocurrido en varios casos desde el 2014 a la fecha).

El fondo del asunto en las discusiones legislativas era y es ahora no sólo generar una lógica de austeridad, sino, sobre todo, generar confianza respecto a que ni las fuerzas políticas preponderantes a nivel federal ni las que tienen mayor peso en lo local meterán mano en la designación de los árbitros de una forma en que se pierda toda posibilidad de imparcialidad institucional. Por eso se logró un esquema mixto con pesos y contrapesos, en donde a nivel central se asumen responsabilidades permanentes como la fiscalización de los gastos de partidos y candidaturas, pero siguen existiendo árbitros locales con autonomía y supervisión permanente de cada proceso, y en caso de cometer faltas pueden ser removidos, pero no por gobiernos o partidos, sino por el propio INE con un control jurisdiccional en el TEPJF.

Hoy contamos con una base de competencia razonablemente homogénea en todo el país. Aunque hay algunas asimetrías en casos específicos, ahí es donde pueden ser útiles ajustes legislativos. El nuevo modelo apostó por estandarizar rutinas que han sido exitosas a nivel federal en el ámbito local, sin que ello implicara desaparecer a los árbitros locales.

Antes de la reforma eran los grupos parlamentarios de las entidades quienes designaban a esos árbitros (consejeras y consejeros) del instituto electoral local, pero ahora, esa designación, sin estar libre de mejoras, recae en el INE, en consejeros nacionales que nombran a los locales.

Se intentó con ello alejar influencias del poder político local (gobernadores) al momento de designar a los llamados Organismos Públicos locales o árbitros locales (Oples). Es verdad que no en todos los casos las personas designadas se han comportado a la altura, pero la ley prevé causales de remoción que se han aplicado y en proporción han sido minoría.

Ante voces que sugieren desaparecer a los órganos locales, me parece que debemos aportar argumentos técnicos y reconocer que deben permanecer, aunque podrían mejorar los métodos de designación y las reglas que eviten presiones indebidas, concretamente en el ámbito presupuestal que hoy, tristemente, en varios casos ha quedado abierto al estado de ánimo del gobernador en turno dilatar o liberar recursos pese a que estaban aprobados por el congreso local. Incluso se condicionaba la entrega como medida para presionar la solución de otros asuntos, como protestas sociales, recordemos el movimiento magisterial del 2015.

Sí hay que mejorar el modelo en esos puntos, sí ajustar el método de designación también, pero no desaparecer instancias locales que son necesarias para mantener una normalidad de democrática que hoy hace naturales las alternancias y las contiendas competitivas.

*Consejero del INE.