Crimen sin castigo

La principal razón de existir del gobierno es la protección de los individuos, su vida y su propiedad, en contra de actos de terceros que atenten en su contra. La sociedad está dispuesta a organizarse y delegar en el gobierno, pagando impuestos para ello, la función de brindar seguridad a sus integrantes. Es un arreglo socialmente más eficiente que si cada quien tuviera que destinar recursos propios, con un uso alternativo y por lo mismo con un costo de oportunidad, para protegerse de quien atente en contra de sus derechos de propiedad, su vida incluida.

México está sumido en un tsunami delictivo sin parangón. Nunca en la historia moderna habíamos experimentado, como ha sucedido en estos últimos años, tal cantidad y diversidad de crímenes afectando a tanta gente y en tantas regiones del país. Sin duda, el costo social de tal cantidad de delitos, que van desde los homicidios (160,000 en lo que va del gobierno del presidente López) hasta infracciones de tránsito, pasando por violaciones, secuestros, asaltos, robos, extorsiones y cobro de piso, fraudes, trata de personas, narcotráfico, etcétera ha sido notoriamente elevado, lo que significa un menor nivel de bienestar para la generalidad de la población. El gobierno, en sus tres niveles, ha fracasado en cumplir con su principal función, con su razón de existir.

Tal como escribió el premio Nobel de Economía Gary S. Becker en su artículo de 1968 “Crimen y Castigo. Un enfoque económico”, el que un individuo cometa un delito depende de sí la utilidad que genera este acto (entendida como satisfacción, incluya o no un elemento monetario) es mayor que la utilidad que generaría el uso de tiempo y recursos en otra actividad legal. El individuo que piensa cometer un delito evalúa el beneficio que este acto le generaría contra los costos en los que incurriría, incluidos los recursos que tenga que utilizar para cometerlo y, principalmente, el costo derivado de que sea penalizado el cual depende de dos factores: la probabilidad de ser penado y la pena misma (que van desde una multa hasta prisión y, en algunos países, la pena de muerte).

Como menciona Becker en su artículo, un aumento en la probabilidad de ser penado reduce más la incidencia delictiva que un aumento de la pena. Y es aquí en donde tenemos en México la falla más notoria en la procuración e impartición de justicia: la probabilidad de ser penado es notoriamente baja y de ahí la alta incidencia de impunidad en la comisión de los delitos y que alcanza, para algunos delitos, el 95%. El gobierno, en lugar de aumentar la probabilidad de castigar al delincuente, se ha ido por un aumento en las penas (particularmente las corporales) sin que ello haya reducido la incidencia delictiva.

La probabilidad integral de castigar a un delincuente depende a su vez de la probabilidad de ocurrencia en varias etapas, desde la detección y denuncia, hasta el juicio y condena. Estas etapas son: detección del delito, denuncia del acto ante la autoridad competente, persecución del delincuente, su captura, elaboración de la carpeta de investigación (desde la denuncia hasta la captura), presentación ante un juez, el juicio mismo y finalmente la condena.

La probabilidad de ocurrencia para cada una de estas etapas es obviamente menor a la unidad, de forma tal que la probabilidad integral de condenar a un individuo por el delito cometido es menor que la probabilidad en cada una de las etapas. Así, por ejemplo, si de entrada la probabilidad de denuncia es casi igual a cero, la probabilidad de castigo para efectos prácticos es nula y el delito habrá sido cometido con impunidad y lo mismo sucederá si el ministerio público decide no investigar y perseguir el delito o si la carpeta de investigación es tan deficiente que el juez la desecha. Así, si la probabilidad en cada etapa tiende, por alguna razón a cero, hace que la probabilidad de quedar impune tienda al 100%. Y esto es lo que sucede en México para diferentes tipos de delitos.

Obviamente, la probabilidad de castigar al delincuente es diferente para cada tipo de delito. Así, por ejemplo, no es lo mismo denunciar un fraude financiero y castigar al delincuente que un robo en un transporte público; no es lo mismo la investigación de un homicidio que una infracción de tránsito (aunque en México, al parecer, es más probable castigar a un automovilista que a un asesino).

Visto el fenómeno de esta forma, no sorprende la excesivamente elevada impunidad en la comisión de diversos tipos de delito. Desde que la probabilidad de denuncia es muy baja, sea porque el valor y características de lo perdido no amerita la denuncia, hasta que el trámite en el ministerio público es costoso en tiempo y dinero, que el mismo ministerio público es ineficiente en la identificación, persecución y captura del delincuente, que este mismo no arma correctamente el caso por lo que el juez lo desecha o, a pesar de la evidencia, lo declare inocente.

Y a todo lo anterior agréguele la posible corrupción de algunos policías, agentes del ministerio público, personal de los juzgados o de jueces y, como cereza del pastel, los abrazos presidenciales; impunidad casi garantizada. Crimen sin castigo.

Twitter: @econoclasta