Desmembrar o fortalecer el Federalismo

Resulta difícil suponer que los gobernadores de la alianza federalista tengan en mente la idea de independizar a sus estados de nuestro país. Aunque el tema parezca políticamente conveniente como medida de presión, resulta jurídicamente improcedente desde cualquier ángulo que se le vea.

Recordemos que nuestro modelo de Estado federal fue una decisión soberana tomada en 1824 y sucesivamente ratificada en 1857 y 1917, y que solamente un nueva decisión tomada por todo el pueblo mexicano podría determinar la eventual salida de alguno de sus componentes.

Sin embargo, al menos por lo que toca al último siglo, nuestra tradición federal se ha visto condicionada por el excesivo centralismo político derivado del presidencialismo de corte priista, y en los años recientes, por el ensanchamiento de códigos nacionales y leyes generales que han fortalecido enormemente las capacidades del gobierno central. Ambos fenómenos han conducido a sostener que lo que en realidad tenemos es un federalismo camuflado.

Como quiera que sea, el diferendo entre los gobernadores y el Ejecutivo federal, que algunos han leído como un riesgo de desmembramiento, nos recuerda que aún nos falta mucho por andar en ese sinuoso camino orientado a fortalecer nuestro modelo de convivencia política y social.

Cualquier debate serio sobre el particular debería empezar por devolver a las entidades federativas las decisiones que el reconocimiento de su autonomía les permite tomar, invitando a que lo hagan con responsabilidad para que no caer en los extremos de la feudalización que aún no terminamos de superar. Sería igualmente relevante fortalecer la representación política de cada Estado, para lo cual convendría revisar el sistema electoral del Senado, garantizando que el principio de representación proporcional profundice y no distorsione el equilibrio entre el número de senadores por entidad. Algo similar habría que ver en la composición de la SCJN, en tanto órgano de arbitraje de los diferendos surgidos entre la federación y los estados, pensando en que desde los congresos estatales pudieran enviar propuestas de ministros al Senado, tal como ocurría en 1917.

No obstante, los temas de mayor calado se vinculan a la revisión de la distribución competencial entre el centro y la periferia, sobre todo por la exigencia de amalgamarla adecuadamente con el principio de compensación financiera, para llegar a un renovado e integral acuerdo sobre la repartición de los ingresos tributarios.

Dicho compromiso debería garantizar la equidad entre lo que cada estado genera y lo que se le regresa para el cumplimiento de sus responsabilidades, pero también la necesaria solidaridad entre ellos, para que aquellos con mayor desarrollo tiendan la mano a los más débiles, para que estén en condiciones de mejorar.

He aquí el punto central del diferendo actual, el cual debe privilegiar la prudencia y el diálogo en beneficio de un amplio consenso político en el que las entidades federativas encuentren una suficiencia económica que les permita atender las principales demandas sociales, y en donde el gobierno de la República mantenga los recursos necesarios para el impulso de sus proyectos prioritarios, como el tren maya, el queretano, o la refinería de dos bocas.

En este ámbito, será de la mayor relevancia asumir el costo compartido de la seguridad pública, confiada esencialmente a una guardia nacional que en su origen se creó a partir de las fuerzas armadas y los cuerpos federales de seguridad, pero que hoy cumple funciones de la mayor trascendencia a lo largo y ancho del país.

No hay, en consecuencia, temor alguno de que, en un futuro, para visitar Jalisco tengamos que obtener una visa; ocupémonos más bien en repensar un federalismo en clave descentralizadora, equitativa y solidaria.