Detrás del caso Odebrecht

Como enlaces de la dirección general de Petróleos Mexicanos con los órganos legislativos, Emilio Lozoya Austin llamó a dos exintegrantes de la bancada priista en la LXI Legislatura del Congreso federal: el potosino Enrique Salomón Rosas y la poblana Rosario Brindis Álvarez. Entre el 2009 y el 2011, ambos habían trabajado estrechamente en San Lázaro con el coordinador de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, el mexiquense Luis Videgaray Caso.

En el 2012, después de que Enrique Peña Nieto ganara las elecciones presidenciales, su equipo negoció con los líderes del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, la agenda de reformas estructurales que se materializó en el Pacto por México. La prioridad de los priistas era la reforma energética y en el procesamiento de los cambios legales que permitirían ampliar la exploración y la producción de hidrocarburos, para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. ¿Traducción? La intervención de capital privado —nacional y extranjero— en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Eso sí, sin privatizar las instalaciones de Pemex.

Rosas —quien había sido cercano a Manlio Fabio Beltrones— tenía la mira puesta en la gubernatura de su entidad natal. Brindis, quien había forjado su carrera parlamentaria en la Asamblea Legislativa del DF, fue sometida a un proceso sancionatorio por la Secretaría de la Función Pública y hace 10 meses, tras de que no fuera localizada, tuvo que ser notificada por estrados del expediente de verificación patrimonial abierto en su contra. Los señalamientos en su contra por haber entregado sobornos a diputados federales, a cambio de sus votos a favor de la reforma energética peñista, ya habían sido ventilados públicamente.

Brindis habría conjugado esfuerzos con Froylán Gracia Galicia, el poderoso jefe de la Oficina del director general de Pemex, en el cabildeo con los legisladores de los partidos que suscribieron el Pacto Por México. El excolaborador de Lozoya Austin y Miguel Pérez Esquivel —quien formaba parte de la ayudantía del alto funcionario peñista— ahora colaboran con la Fiscalía General de la República y han dado testimonio de los sobornos que habría recibido el exdirigente nacional del PAN y excandidato presidencial Ricardo Anaya, en el 2014.

Ese año, el panista fungió como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja y “por instrucciones superiores”, Lozoya Austin le habría entregado 6.8 millones de pesos por sus votos. Gallardo habría acudido al Palacio Legislativo, según consta en diligencias ministeriales, de acuerdo a la versión pública sobre el caso divulgada ayer 25 de agosto, por la FGR, en su afán de transparentar el caso.

Los testigos declararon que Anaya recibió a los emisarios y también acudió a las oficinas del director general de Pemex. Anaya estaría entre los protagonistas de esta trama por la que habrían sido transferidos al menos 10 millones de dólares a políticos mexicanos por la aprobación de la reforma legal que entregaría la producción del petróleo mexicano a particulares. Los recursos habrían sido entregados por altos funcionarios de Odebrecht Brasil a Lozoya Austin.

Las indagatorias —según la Fiscalía— “evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido (sic)”. La judicialización de las reformas estructurales del peñismo está en curso.

El esquema de coimas para los senadores tiene otros implicados, aunque el mismo mecanismo de “dispersión”.

Efectos secundarios

REQUERIDO. Marcelo Ebrard acudió a la plenaria de los diputados federales de la Cuarta Transformación para grosso modo exponer los principios de la política exterior, la conformación del portafolio de vacuna y la perspectiva para los gobiernos progresistas en América Latina, entre otros temas. Después de su exposición, el titular de la SRE se quedó más de media hora en una salutación —selfies incluidas— reveladora del estado de ánimo entre la próxima bancada oficialista en San Lázaro. En la víspera, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mantuvo sus tareas de construir la agenda legislativa con el bloque mayoritario. Las prioridades, explicó la ministra en retiro, son la energética (léase industria eléctrica), seguridad interior (nueva Ley Orgánica de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional) y la reforma político-electoral. Ese mismo mensaje fue recibido por la futura bancada petista en San Lázaro, que encabezará —oootra vez— Alberto Anaya, quien por cierto se apersonó con un vendaje en la cabeza. No obstante, el percance automovilístico que sufrió a finales de la semana pasada, atenderá sus deberes parlamentarios.

CALDEADOS. La renovación en la directiva de la CONCAMIN tiene un protagonista inevitable: Enoch Castellanos, actual presidente de CANACINTRA, cuya postulación ha concitado férreos opositores, por su inelegibilidad. En respuesta, han surgido cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y críticas al presidente saliente, Francisco Cervantes, quien contaría con el respaldo de CANAERO, CANACAR, COMECARNE, Canadevi, AMIA, ANIQ y los representantes de la industria textil y del calzado.