Detrás del caso Odebrecht

Han pasado cinco años del proceso penal que incriminó a Emilio Lozoya Austin en el caso Odebrecht. Entonces, la Procuraduría General de la República emplazó a una docena de mandos medios y superiores de Petróleos Mexicanos y lo que entonces se denominaron subsidiarias de la empresa productiva del Estado mexicano, a rendir testimonio sobre los contratos otorgados a la empresa brasileña.

Las pesquisas abarcaron una década (2006-2016), pero se concentraron en las licitaciones convocadas por la petrolera mexicana y el Consejo Nacional de Hidrocarburos entre 2014 y el 2016. Los ministerios públicos enfocaron a la oficina del entonces director general de Pemex, pero también a una docena de mandos superiores, entre ellos Leonardo Cornejo Serrano y José Aarón Marrufo Ruiz.

Bajo investigación quedaron los funcionarios que requirieron la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca, que sumaban casi 150 millones de dólares. Han pasado cinco años de litigio y no hay sanción, salvo el proceso penal contra Lozoya.

El oficial responsable de revisar y validar esos contratos es José Samuel Sánchez Reyes estuvo entonces a cargo de la subdirección jurídica de Contratos y Convenios. Ante la autoridad judicial aceptó haber revisado y autorizado los contratos signados entre Odebrecht y Pemex por los que habría recibido sobornos Emilio Lozoya Austin.

El año pasado —luego de 25 años de servicio ininterrumpido en el área jurídica— Sánchez Reyes inició los trámites de su jubilación anticipada, lo que permitirá acceder a su liquidación, sin perder su antigüedad.

Un retiro sigiloso… hasta que hace unas semanas se hizo público que en la empresa productiva hay indagatorias en curso sobre un mecanismo de coerción y cohechos que involucra a ex funcionarios de órganos autónomos, directivos de Pemex, cabilderos y representantes de empresas contratistas.

Los contratos a revisión fueron asignados por Pemex Refinación y Comesa. Entre las firmas bajo escrutinio están Galtec, Avanzia e Iberdrola. La filial de Pemex dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos actualmente estaría al borde de la quiebra, debido a malos manejos. Fuentes al interior de Pemex señalan al exsubdirector jurídico de Contratos y Convenios, como uno de los responsables.

Bajo escrutinio, los contratos PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4 y DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4, ambos del 2014, pero también otros del 2016.

En esos años, el cumplimiento de la principal promesa de la reforma energética peñista —la extracción de hidrocarburos en los campos maduros del Golfo de México— dependía de la ejecución en tiempo y forma de los contratos de producción compartida.

La Ronda Uno, en el 2016, dio contratos al consorcio formado por E&P Hidrocarburos y Servicios y Hokchi Energy, para la perforación de cuatro pozos petroleros ubicados en la Cuenca Salina del Istmo. Sapura Energy se encargaría de la fabricación e instalación de una plataforma central de pozo y una plataforma satelital que conectaría a la instalación de procesamiento en Paraíso, Tabasco.

La firma malaya también fue contratada por ENI México para el tendido de ductos —en línea y en tierra— en el Bloque Marítimo 1 en el Golfo de México y la instalación de la plataforma de pozo Mizton, a profundidades de agua de aproximadamente 40 metros.

Para poder operar y cumplir con esos compromisos, Sapura Energy subcontrató, con pymes de Campeche, Tabasco y Veracruz, a quienes solicitó crédito hasta por 90 días y ofreció liquidar con la deuda, una vez que recibiera los pagos de sus clientes, liquidará sus adeudos.

Después de dos años desastrosos —tan solo el año pasado acumuló pérdidas por 2,000 millones de dólares— Sapura Energy ha tenido que tomar medidas extremas. En México, promovió un concurso mercantil y declaró una moratoria unilateral de pagos, lo que afectado a una treintena de empresas, que le reclaman más de 600 millones de dólares. En fase de conciliación, los representantes legales de los acreedores esperan ser emplazados por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.