El IDET rechaza la conducta de YouTube públicamente

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) expresa su profunda preocupación por la conducta exhibida en fechas recientes por diversas plataformas digitales, particularmente el caso de YouTube, que conforme a lo que han acreditado diversos analistas y medios, esta última habría manipulado abiertamente la información sobre su alcance entre las audiencias de México, en un afán oportunista para atraer la inversión publicitaria de anunciantes y agencias de medios.

En el caso concreto de YouTube, se ha señalado en los últimos días que utilizó de manera incorrecta información de un estudio que se encuentra aún en etapa experimental, que recaba datos sobre los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales en una muestra de solo 200 hogares distribuidos en áreas metropolitanas del país, que tienen conexión a banda ancha. Por el carácter experimental del mismo, así como de la cobertura geográfica y socioeconómica de dicho ejercicio de medición, ningún agente económico está autorizado para destacar alguna supuesta preferencia en esos 200 hogares.

La información utilizada por YouTube para atraer inversión publicitaria está en abierta contradicción con la información que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como el Inegi han publicado sobre los hábitos de los hogares de México en materia de consumos audiovisuales o en materia de uso de las tecnologías de la información. En el caso del IFT, es un hecho que no tiene reporte alguno que afirme que los mexicanos prefieren consumir contenidos audiovisuales en forma mayoritaria a través de YouTube.

La información publicada al día de hoy por el IFT muestra claramente que los mexicanos optan mayoritariamente, de manera cotidiana, por la televisión abierta y la televisión restringida para el consumo de contenidos audiovisuales. Un análisis realizado por la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU), con datos del IFT, concluye que diariamente, 94.4 millones de mexicanos dedican poco más de 2.5 a consumir contenidos audiovisuales a través de televisión abierta y restringida, frente a 41.8 millones que lo hacen vía YouTube, pero por menos de dos horas.

Para el IDET, esta situación pone de manifiesto que la ausencia de obligaciones para las plataformas digitales o la debilidad de las pocas que están vigentes, como es el caso de obligaciones de transparencia, de protección de datos personales, de reporte de información estadística veraz y auditable a alguna autoridad reguladora, de someterse cabalmente a la regulación en materia de publicidad de productos para la salud, en materia electoral, en materia financiera o incluso en materia de pago de impuestos en México, dan lugar a conductas oportunistas que pueden afectar seriamente las condiciones de competencia en algunos mercados.

En el caso del mercado publicitario, no hay duda que la conducta que abusa de la falta de transparencia genera perjuicio a anunciantes y agencias de medios que terminan por invertir de manera ineficiente los valiosos recursos que tienen presupuestados para llegar con su mensaje a las personas que pretenden llegar. Para el IDET ello significa una clara intención de engañar a los distintos agentes que participan en la industria publicitaria en nuestro país, incluso a las autoridades.

Esta dinámica con indicios de prácticas indebidas, se traduce no solo en perjuicio de anunciantes, sino también de consumidores mexicanos, que pueden llegar a pagar precios, de bienes, productos o servicios, por encima del que deberían pagar, por un costo de publicidad potencialmente mayor que el que deberían pagar los anunciantes, que termina siendo traslado a los precios que pagan esos consumidores.

En el mismo sentido, los contribuyentes sufren un perjuicio porque como resultado de las debilidades del marco legal mexicano en materia tributaria para este tipo de plataformas, estas pagan en nuestro país menos impuestos que los que deberían pagar en función de los negocios que llevan a cabo en México.

Por ello, el IDET hace un llamado al Gobierno federal, a los legisladores y a los órganos reguladores autónomos como el IFT, Cofece o el Inai, para que generen las condiciones para construir en México un marco legal y regulatorio que imponga obligaciones a las plataformas digitales, que eviten que incurran en conductas oportunistas o indebidas, tal como ya lo han empezado a hacer autoridades de otros países.