El INE no se toca, la Corte tiene la palabra

El mediodía de este domingo, en el zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas, frente a Palacio Nacional blindado con murallas de acero y miedo, la multitudinaria concentración de rosa y blanco en defensa del INE, convocada por más de 120 organizaciones civiles, mostró que la esperanza de la oposición en México está puesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de quien se espera una negativa al anticonstitucional Plan B del titular del ejecutivo, que si bien propone reducir los ofensivos salarios, prestaciones y beneficios económicos de la élite del Instituto Nacional Electoral (con lo que estamos totalmente de acuerdo), también pretende cesar de inmediato al Secretario Ejecutivo del organismo para poner a uno elegido por el presidente, así como a miles de funcionarios de las 300 Juntas Ejecutivas Electorales en todo el país, lo que dejaría sin hombres y mujeres expertos en la capacitación de ciudadanos y en la organización, realización y calificación de los comicios. Además, el Plan B dejaría en manos del gobierno validar quienes podrían votar desde el extranjero y expondría los datos personales de los electores. En pocas palabras, el clamor opositor de este domingo busca impedir el regreso de México más de 33 años atrás, cuando no existía en entonces Instituto Federal Electoral y los gobiernos se despachaban con la cuchara grande a través de la Secretaría de Gobernación organizando, contando los votos y declarando ganadores a los candidatos de su interés a puestos de elección popular. Por lo anterior, no queda más que decir, ¡EL INE NO SE TOCA!

Luego de que en Estados Unidos un jurado de 12 ciudadanos halló culpable de los cinco cargos por los cuales fue acusado el ex Secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, es conveniente dejar claro que la detención, el proceso y el castigo contra el “Superpolicía” no es un logro del gobierno de México, es una acción de las autoridades estadounidenses porque para ellos, en el banquillo de los acusados más que un sujeto traidor a las tareas que le fueron encomendadas, está México como un país corrupto, un Estado fallido. Ahora veremos si la Fiscalía General de la República investigar la posible complicidad que altos mandos policiacos en activo pudieron tener en su momento con García Luna, de quien fueron cercanos colaboradores. Algunos de ellos son Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; Vidal Díaz Leal Ochoa, jefe de la Policía Federal Ministerial; Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Coordinador de Investigación en la FGR y Omar García Harfuch, jefe de Seguridad ciudadana en la capital del país y Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, a quien el periodista Jesús Lemus en su libro “El Licenciado“, menciona cómo alguien que “tuvo mucho que ver en la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa”, por citar sólo algunos. Los nombres y sus historias ahí están, falta ver si en México hay verdadera voluntad de investigar, o que sea Estados Unidos quien lo haga.

Por más que Alito y su gente hayan explicado que están en la legalidad para intentar convencer al pleno del Consejo General del INE, lo más seguro es que Alejandro Moreno tendrá que preparar sus maletas y dejar la dirigencia del PRI en agosto próximo, cuando termina el período para el que fue electo al frente del CEN tricolor. Después de que la Comisión de Prerrogativas y Fiscalización del INE determinó improcedente que el campechano continúe hasta el 2024 tras el agandalle de modificar los estatutos del partido, a Alito se le escapó de las manos la estrategia para seguir con fuero mediante una senaduría plurinominal para el periodo 2024-2030. Si piensa sobrevivir políticamente en el Congreso de la Unión, a Moreno Cárdenas no le quedará más que contender por la vía del voto ciudadano que, como están las cosas, difícilmente ganará en su estado, hoy gobernado por su acérrima enemiga, la también impresentable Layda Sansores.

Al cierre del mes de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de un envidiable 59% de aprobación ciudadana frente a un 30% de desaprobación, según datos del despacho Indicadores S.C. en un sondeo telefónico realizado a 400 personas adultas en la Ciudad de México. Para el mismo período en sus respectivos sexenios, Enrique Peña Nieto tenía apenas un 24% de aprobación contra 73% de desaprobación, Felipe Calderón Hinojosa 59% contra 33%, Vicente Fox 57% contra 32% y Ernesto Zedillo, el mejor calificado a estas alturas, con 61% de aprobación contra apenas un 28% de desaprobación. De lo anterior se desprende que la política asistencialista de AMLO, basada en programas sociales de reparto de dinero, sí deja simpatías y votos. El problema es que esa política no detona la movilidad social de los más pobres, según organismos como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual urge a un cambio de dirección. Para el CEEY, los programas sociales de la 4t han reducido las transferencias dedicadas a los hogares con menores ingresos; en 2020, los mayores incrementos en las carencias de las personas fueron las de acceso a los servicios de salud, de ingreso, de alimentación y de educación. Esto afectó particularmente a la población con mayores desventajas, lo que reduce las oportunidades de movilidad social de las nuevas generaciones. En su más reciente informe, el CEEY señala que aunque entre 2018 y 2020 el gasto en desarrollo social se incrementó en 9.6% en términos reales, también se incrementaron las carencias de aquellos que ya tenían una mayor desventaja. Por ejemplo, la carencia de acceso a servicios de salud de la población más pobre, aumentó de 16.8% a 39.3% y sus transferencias monetarias promedio se redujeron 42%. Paradójicamente, las transferencias para los grupos de ingresos medios y altos han aumentado, y para el estrato de mayor ingreso se han quintuplicado. En conclusión, el organismo privado considera que para promover la movilidad social es necesario que el gasto en desarrollo aumente las oportunidades, en primer lugar, de las personas en condiciones de mayor pobreza.