El menosprecio de los datos personales

En días pasados fuimos testigos de la revelación de información privada por parte de una autoridad pública, en este caso la Presidencia de la República. El caso, estimado lector, supuso la revelación del número telefónico de una periodista del diario The New York Times, en la llamada mañanera del Presidente de México. El tema indignó no sólo a los especialistas en la materia y al gremio de los periodistas sino alarmó a diversas organizaciones nacionales e internacionales sobre la despreocupación e impunidad con la que la privacidad fue socavada.

Pero ¿en realidad es para tanto? Desde hace ya muchos años, la protección efectiva de los datos personales es una realidad en México y no sólo como un mero enunciado constitucional de buenas intenciones sino acompañado de garantías para su debido cumplimiento. El rango que adquirió la llamada autodeterminación informativa es de un derecho humano que debe salvaguardarse con toda la fuerza del Estado que sea necesaria. En otras palabras, todas las autoridades del gobierno del Estado deberán establecer los medios necesarios para no vulnerar esos datos y en caso de hacerlo los ciudadanos pueden tener la posibilidad de acudir a los mecanismos institucionales para su salvaguarda.

El caso en cuestión debe no sólo preocuparnos sino ocuparnos de que la vulneración de un fragmento de la vida privada de una persona no puede quedar impune ni siquiera utilizando el argumento que expuso el Presidente –y que lo ha hecho en repetidas ocasiones- al decir que el goza de la libertad de expresión, pues esta, no ha sido confeccionada en los sistemas democráticos como una herramienta que sirva para la vulneración de otros derechos.

En ese contexto es necesario entender que las autoridades están llamadas a cumplir las obligaciones que, desde la Constitución y las leyes, condicionan su comportamiento. En otras palabras, las competencias o facultades expresamente conferidas a un funcionario público, en este caso el Presidente de México, en ningún momento lo dotan para violentar ningún derecho humano, es más, sus obligaciones como autoridad lo condicionan a velar por el debido respeto y protección de todos ellos.

Ante la posible colisión de derechos que pueda estar considerando mi apreciado lector, es necesario decir que, en el ámbito del debate público, sin lugar a dudas la libertad de expresión se encuentra sumamente robustecida inclusive considerándola un derecho preferente por sobre otros derechos pero, eso no sucede en el ámbito de la vida privada, pues ahí, en esa esfera donde lo público se desvanece, la libertad de expresión sufre cotidianamente reveses proveniente de derechos tales como la vida privada, la vida íntima, el honor o la propia imagen.

Tal parece que algunos actores de la vida pública no acaban de entender lo anterior y buscan extrapolar la robustez de la libertad de expresión, -que dicho sea de paso está formulada para la discusión de los asuntos públicos- para la discusión los ámbitos de la privacidad. Dicha confusión conduce al caso que motiva hoy estas líneas, al caso donde se puede creer de manera errónea, ignorante o malévola, que la libertad de expresión está construida para revelar fragmentos de la vida privada de personas privadas o inclusive fragmentos de la vida privada de personas públicas (no olvidemos que incluso las personas públicas son susceptibles de tener defensa sobre algún espacio de vida privada).

La total despreocupación del manejo de la privacidad de una persona conduce a acciones y consecuencias jurídicas que producen efectos sancionatorios. Sin embargo, la destrucción de los órganos garantes de la protección de datos personales, la constante revelación de la vida privada de distintas personas y la falta de cautela con el derecho al honor  nos conducen a pensar que hoy, en la agenda del gobierno mexicano, estos derechos sólo serán protegidos cuando la cercanía del poder permita su reclamo, protección y reivindicación, de lo contrario querido lector, nuestra vida privada, nuestros datos personales o nuestro derecho al honor quedarán a merced de cualquier mercader de la política.

*El autor es Doctor en Derecho. Actualmente es Decano de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, fue director de la Licenciatura en Gobierno  de la Panamericana. Es integrantes del Sistema Nacional del investigadores de México. Preside la Asociación Coorperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información. Autor, coautor y coordinador de 15 libros en materia de libertades informativas.