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El verano de amor legislativo de Biden
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Si todo va bien, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, pronto podría firmar una legislación importante para reforzar la ventaja tecnológica de Estados Unidos y acelerar su transición hacia una economía neutral en carbono. De repente, los logros legislativos de la administración habrán pasado de ser “decepcionantes” a “superar las expectativas”
BERKELEY – Si se trata del Congreso de los Estados Unidos, nada nunca está acabado hasta que se acaba. Pero, estando a principios de agosto, parece que dos leyes de peso pronto estarán listas para la firma del Presidente Joe Biden. La primera es la Ley de Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores (CHIPS, por sus siglas en inglés), que proporcionará decenas de miles de millones de dólares para fomentar la investigación y producción de semiconductores. La segunda es la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), una versión reducida de la fallida ley Build Back Better que, sin embargo, contempla fondos por cientos de miles de millones de dólares para promover la energía limpia e incentivar la descarbonización de la economía.
Juntas, estas dos leyes son más que suficientes para dar vuelta a la narrativa sobre los dos primeros años del mandato de Biden. Repentinamente, los logros legislativos de su administración han pasado de ser “desilusionantes” a “superar las expectativas”.
Hoy muchos votantes se han olvidado del Plan de Rescate Estadounidense de marzo de 2021, que cimentó una fuerte recuperación postpandémica y evitó que se repitiera la larga y desgastante semidepresión que marcó los años de Obama. Si bien muchos comentaristas han culpado a este plan por la mayor tasa de inflación actual, la verdad es que su contribución a ese problema fue pequeña. Los problemas de la cadena de suministro vinculados a la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania han hecho subir los precios en todo el mundo. Pero, yendo todavía más al punto, es mejor un alza temporal de la inflación que otra década de tibio crecimiento.
Nadie puede negar que tener 50,000 millones de dólares en créditos para la fabricación de semiconductores, 200,000 millones de dólares para investigación de alta tecnología, 370,000 millones de dólares en fondos para el clima, 288,000 millones de dólares en ahorros de precios de productos farmacéuticos y 450,000 millones de dólares de ingresos adicionales no puede sino beneficiar al país. Estados Unidos producirá cerca de 325,000 millones de dólares por concepto de bienes y servicios en la próxima década. De ellos, se han comprometido apenas 0.7 puntos porcentuales a inversiones relacionadas con semiconductores de importancia estratégica, 1.3 puntos a aumentar la recaudación tributaria, 0.9 puntos a ahorrar en los precios pagados a las farmacéuticas, y 1.1 puntos a combatir el cambio climático y descarbonizar la economía.
Con este contexto, la mayor queja que se puede formular sobre las leyes CHIPS e IRA es que son demasiado pequeñas. Representan solo un redireccionamiento menor de los recursos hacia importantes objetivos estratégicos y económicos. Un gobierno racional que se enfrentara a los problemas actuales de Estados Unidos y el mundo habría asignado diez veces más fondos. Hay que reconocerles a la administración de Biden y los representantes demócratas en el Congreso que han hecho lo que han podido, dada la resistencia de los republicanos y algunos miembros rebeldes de su propia bancada (los senadores Joe Manchin de Virginia Occidental y Krysten Sinema de Arizona).
Se me viene a la mente una anécdota que John F. Kennedy contó una vez sobre el mariscal francés Hubert Lyautey. Cuando le pidió plantar un árbol, su jardinero “le dijo que era de lento crecimiento y que no llegaría a la madurez sino en cien años”, a lo que Lyautey contestó que “en ese caso, no hay tiempo que perder: plántelo esta misma tarde”.
Los elementos centrales de la CHIPS y la IRA son sumamente evidentes. La industria de los semiconductores será mucho más saludable si se la aleja del monopolio y el oligopolio, y Estados Unidos estará más seguro si cuenta con una producción de chips avanzados. Para mantenerse competitivo en el siglo veintiuno, el país debe seguir estando a la vanguardia de la investigación y el desarrollo.
De manera similar, nadie puede oponerse seriamente a una tributación ligeramente más progresiva que compense una pequeña parte de la desigualdad del ingreso causada por años de políticas tributarias regresivas. Más aún, la necesidad de reducir las rentas que las compañías farmacéuticas han obtenido tras cabildear congresos pasados está pendiente desde hace mucho tiempo, igual que las medidas para enfrentar el cambio climático y acelerar la transición energética. Estamos con tres décadas de retraso con lo que se debería haber hecho cuando el entonces vicepresidente Al Gore presionó al Congreso para que aprobara un impuesto al carbono en 1993, iniciativa que fue bloqueada por un apenas un senador, Robert Byrd de Virginia Occidental, haciendo que tuviera un destino similar al de la ley Build Back Better.
“¿Por qué Estados Unidos ya no toma buenas decisiones ni impulsa buenas políticas?” Cuando uno de mis amigos extranjeros me hizo esta pregunta hace algunas semanas, no hallé ninguna respuesta. Pero hoy ya no la necesito. Si los proyectos CHIPS e IRA se convierten en leyes, los estadounidenses podrán seguir teniendo al menos un poco de esperanza en sus representantes electos.
Sería bueno poder decir que la cultura política de humillar al otro lado está en vías de desaparecer. Por desgracia, no es así. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes hicieron todo lo posible por evitar que la CHIPS ganara apoyo de representantes de su partido, y todos menos 24 acabaron por votar en contra de la propuesta. Los republicanos se oponen a leyes diseñadas para proteger la seguridad nacional y económica estadounidense simplemente porque no quieren que Biden obtenga más logros legislativos. Para el partido que intentó desesperadamente que Barack Obama cumpliera un solo periodo, la guerrilla partidista sigue primando por encima de todo lo demás.
El autor
J. Bradford DeLong, ex subsecretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, es profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley e investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
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