Etileno XXI o cómo perder 2,000 mdp al año

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da a conocer sus informes de auditorías se describen verdaderas historias de terror, pero nada como la del Etileno XXI. El proyecto, desarrollado en Coatzacoalcos durante el gobierno de Felipe Calderón, consiste en que Pemex entrega etanol a la empresa Braskem, filial de Odebrecht y de Idesa, para su procesamiento. En el 2017, el costo estimado para Pemex en su producción fue de 1,736 mdp, el de transportación 1,387 mdp, es decir, tiene un costo de ventas de 3,123 mdp, pero solamente obtuvo de pago 1,188 mdp. Además, no es sólo el problema de que una empresa pública pierde dinero de manera sistemática, también se restringe el acceso a productores mexicanos a un insumo importantísimo para varias cadenas, según me dijo esta semana la cabeza de uno de los principales grupos industriales del país. Es una especie de política industrial inversa, se subsidia con dinero público a empresas de otros países y se afecta a las nacionales.

La paraestatal pierde casi 2,000 mdp cada año, sin considerar los gastos de administración. Es por eso que la ASF, en su última revisión de la Cuenta Pública, solicita modificar o cancelar, cuanto antes, el contrato. Por cierto, México es el único país en el que los contratos en los que ha estado involucrado Odebrecht subsisten. En realidad, la única sanción que conocemos con respecto al grupo brasileño es una de carácter administrativo, de la SFP, por solamente 2.5 mdp, relacionado con la refinería de Tula. En México, a diferencia de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, no hay castigo a la red de corrupción de la empresa que obtuvo importantes contratos en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. Eso, a pesar de que existen confesiones juradas de que Emilio Lozoya fue sobornado para obtener contratos y mantener los que ya tenían, como el de Etileno XXI. Se trata de un contrato opaco, prácticamente desconocido, de acuerdo con la forma de operar de Odebrecht en toda América Latina.

La pregunta es quiénes permitieron que Pemex firmara un contrato tan desventajoso, en su momento, y quiénes hacen posible que éste se mantenga. De entrada, solamente un grupo de inversionistas participó con una propuesta, que fue aprobada por Pemex en septiembre del 2008, que incluyó la fórmula de pago que genera pérdidas millonarias a la paraestatal, por 20 años. Será que ningún funcionario de Pemex enfrentará un solo cargo serio por los contratos de la empresa en México. El problema puede no terminar con el caso de Etileno XXI. El auditor superior (interino, porque los diputados no atinamos a elegir el nuevo) señala que se requieren modificaciones legales al marco que rige a las empresas productivas del Estado, creadas con motivo de la reforma energética, en lo que se refiere a contratos de servicios con privados. El nuevo marco legal no corrige los problemas del anterior, de hecho, el nuevo estatus de Pemex y CFE como empresas productivas del Estado, según el auditor, permite mayor discrecionalidad y menos supervisión de este tipo de operaciones.