Fiscalías

Las fiscalías como un instrumento para procurar justicia y perseguir los delitos cometidos en contra del Estado y los ciudadanos, requieren de una característica indispensable como lo es la autonomía frente a las autoridades de todo tipo. No se trata de un organismo neutro, pero sí con las atribuciones necesarias para investigar y proceder más allá de las fuerzas políticas y económicas interesadas en el caso.

En el pasado las llamadas procuradurías aparecían vinculadas de forma automática al gobierno en turno. Los titulares de esas dependencias eran nombrados y destituidos sin restricción alguna por el Ejecutivo federal o estatal, y en ese sentido dependían estrechamente de sus jefes inmediatos para analizar y sancionar determinado delito.

Con la reforma que transformó la procuradurías en fiscalías, se pretendía limitar su subordinación  a los titulares del Ejecutivo, al condicionar su designación a la aprobación de los respectivos Congresos de una u otra forma. Sin embargo esto no funcionó así. Durante este sexenio los fiscales han estado estrechamente vinculados al presidente y los gobernadores, y su actuación se ha visto caracterizada por una extrema politización y la ausencia total de autonomía.

Lo que hemos visto en las últimas semanas en los casos de los narcotraficantes Guzmán y Zambada, o en la disputa entre la gobernadora de Chihuahua Maru Campos y el próximo senador Corral, es exactamente la utilización de las fiscalías como instrumento para servir a los intereses de sus patrones, y en caso de no hacerlo correctamente como la ahora exfiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, cesarla de manera inmediata.

En lugar de que la transformación de procuradurías en fiscalías hubiese proporcionado a estas últimas el poder suficiente para operar sin presiones externas determinantes, hoy estas instituciones abiertamente llevan a cabo una labor de persecución contra adversarios políticos y críticos que son considerados “enemigos del pueblo”.

Y no es que los personajes del poder tengan que ser considerados inmunes a cualquier acusación justificada. Pero hacerlo discrecionalmente y en función de revanchas o venganzas personales, no sólo destruye el Estado de Derecho, sino convierte a la lucha por el poder en un ejercicio donde el objetivo principal es destruir y eliminar al competidor, más que instrumentar determinado proyecto de nación.

Se trata de sustituir la institucionalidad democrática por un régimen donde la voluntad del gobernante no tenga límite alguno, y las fiscalías sirvan únicamente como mecanismo de represión para castigar a los disidentes. En esas estamos.