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Opinión

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¿Hacienda vs Banxico?

EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.SHCPSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOHACIENDAEconomista

En tiempo presente estamos ante un diferendo institucional que puede crear tensiones graves entre nuestra banca central y la Secretaría de Hacienda. En un esquema de urgencia económica, lo anterior puede por igual propiciar decisiones erróneas ante lo que en realidad puede ser una buena noticia en torno al fortalecimiento de las reservas de valor de México. Es así que, los Derechos Especiales de Giro que el Fondo Monetario Internacional ha asignado a nuestro país, representan una nada despreciable cantidad de poco más de 12,000 millones de dólares.

Esta provisión de un activo financiero convertible a dinero, si bien puede proveer de liquidez al país propietario, por igual puede aparejar riesgos cuando el destino de los fondos recibidos tomara un rumbo distinto al que la propia ley del Banco de México le permite. Es cuestionable ante el prisma de la autonomía de nuestra banca central, que la Secretaría le otorgue destino a la millonaria cantidad y a su vez genere el conocido clima de tensión que priva cuando un organismo autónomo transita en una ruta distinta a la voluntad del ejecutivo. Esta ya es una incomodidad manifiesta, que pone al presidente de la República en una nueva modalidad de embate en contra de Banxico.

Pero la gran pregunta es si existe la posibilidad legal de destinar los DEG’s al pago de deuda externa para contribuir a la disciplina fiscal y el buen manejo de las finanzas públicas. Hay que entender que los nuevos derechos no son de forma alguna una donación ni un activo de uso libre. De tal forma, en ejercicio de la autonomía del Banco Central, se dispone que esta asignación debe sumarse a las reservas internacionales para generar una percepción de menores riesgos por impago de la deuda pública, para otorgar mayor solidez financiera y para eventualmente hacer frente a cualquier desbalance en las cuentas externas. Dicho movimiento pondría a las reservas internacionales en un récord positivo al incrementarse en casi un 6%, para dejarlas en la lustrosa cantidad de 205,000 millones de dólares.

Ese incremento en la percepción de fortaleza económico financiera del país a través de sus reservas, aporta un provecho mayor que la asignación frontal de los activos para el pago de deuda y la inclusión de los mismos en un presupuesto de egresos como el Secretario de Hacienda ha expresado que quisiera proceder. Lo anterior, en un esquema de exigencia y de imposición, no es oportuno y además lesiona el actuar del Banco de México al someterlo a una decisión administrativa ajena a su junta de gobierno.

Pero hay que saber que existen vías para lograr la conversión productiva de estos derechos hacia fondos de uso corriente. Sin embargo, se antoja difícil conseguir un entendimiento pleno en ese tránsito, cuando ya se han desplegado las banderas y los tambores de guerra suenan próximos. Ojalá que prive el entendimiento y la coordinación institucional en tiempos de notorias necesidades.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII. Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40. Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX. Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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