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Iberdrola: ¿nacionalización?; ¿deuda?
La supuesta nacionalización de activos de Iberdrola en realidad no es una nacionalización y aunque lo niega el gobierno, los recursos con los que se están comprando, sí aumentan la deuda.
El gobierno mexicano está utilizando un doble mensaje político para justificar una operación que no representa una adquisición directa del gobierno mexicano; no necesariamente aumenta la capacidad de generación eléctrica; y, en cambio, sí destina recursos públicos, indispensables para cubrir otras necesidades sociales.
La “nacionalización”, como le llamó el Presidente de México a la operación de compra-venta de 13 plantas de generación de energía eléctrica de Iberdrola y el México Infrastructure Partner –dos entidades particulares–, con financiamiento público, será una nueva carga para el erario federal y para los contribuyentes, además de las negativas señales que envía a las inversiones privadas nacionales e internacionales.
Eso es lo que opinan los expertos.
Luego de cuatro años consecutivos de intensos ataques verbales y legales en contra de Iberdrola, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno llegó a un acuerdo con esa compañía para realizar la adquisición.
El presidente López Obrador y su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de inmediato destacaron dos mensajes públicos: la “nacionalización” de una parte de los activos de Iberdrola en México y su adquisición “sin deuda pública”.
El titular de las finanzas públicas explicó que la adquisición se realizó a través de un “vehículo de inversión nacional, con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por Mexico Infrastructure Partners, y financiamiento de la banca.
Ramírez de la O, precisó que esta transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal, al ser realizada a través del Fonadin, en un vehículo fuera del balance del sector público.
Ambos mensajes, han sido cuestionados públicamente.
El ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa –en su columna publicada en El Universal– asevera que la compra de las plantas de energía no representan una nacionalización, sino un acuerdo entre particulares que, terminaremos pagando los contribuyentes.
Advierte que con ésta operación, el gobierno mexicano resulta perdedor porque aumenta su deuda y, señala, que la deuda de la banca de desarrollo sí es pública; no es del gobierno federal, pero sí lo es del sector público en su conjunto.
Por otra parte, comenta que las plantas las operará CFE con elevado nivel de burocracia, ineficiencia y altos costos de operación.
Y con el tiempo habrá mayores tarifas eléctricas para los usuarios ó, el gobierno optará por aumentar, aún más, los subsidios a la electricidad y, todos terminaremos “pagando el pato”.
El Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Público (CEESP) calificó a ésta operación, como una mala decisión del gobierno de México porque implica una serie de implicaciones negativas, sobre todo de política pública.
El think tank del sector privado subraya que la operación significa “deuda pública” desde el punto de vista financiero o fiscal y advierte que este perjuicio queda en segundo lugar, pues habrá otros que generen un impacto negativo mayor.
La operación es una señal negativa para los inversionistas ya que estuvo precedida por ataques verbales del presidente López Obrador a Iberdrola, sin ninguna prueba objetiva.
Adicionalmente, México, como en todo el mundo, los gobiernos enfrentan problemas de suficiencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura, ya que compiten con otras prioridades que a menudo son más urgentes.
El gobierno debió haber invertido esos recursos en la transmisión y distribución eléctrica. Desde el punto de vista del CEESP la compra no implica un aumento en la generación de electricidad.
Por otra parte, las inversiones de 6 mil millones de dólares, aunque provienen del Fonadin, reducen la posición neta de activos financieros del sector público.
La compra implica una deuda, aun y cuando esté oculta mediante el uso de vehículos financieros.
En conclusión, todo apunta a que el gobierno decidió utilizar el presupuesto público para reforzar su discurso nacionalista, en vísperas de las elecciones, sin prever que tendrá un costo económico y social muy importante. Al tiempo.