Independencia judicial y desarrollo económico

Una condición esencial para que un país experimente un proceso sostenido de desarrollo económico es la existencia de arreglo institucional con un conjunto de reglas del juego formales (la Constitución, las leyes y los reglamentos) que sea eficiente y transparente y que le dé certeza a los diferentes agentes económicos (personas, familias, empresas, sindicatos, ONG’s, gobierno) de que en su actuar e interactuar entre sí las reglas serán respetadas. Es decir, para que haya desarrollo económico, los agentes económicos requieren que exista, como condición sine qua non, certeza jurídica.

De entrada, como estén redactadas las reglas formales del juego es crucial para que de ellas se deriven los incentivos correctos que se traduzcan en una asignación privada y socialmente eficiente de los recursos escasos y que también incentive un proceso sostenido de crecimiento económico a partir de la acumulación de capital y del cambio tecnológico que incremente la productividad de los factores de la producción.

Primero, en el marco jurídico particularmente en la Constitución, tienen que estar eficientemente definidos los derechos privados de propiedad. Estos incluyen el derecho a poseer bienes y recursos, el derecho a libremente utilizarlos condicionado a que en su uso se respeten los derechos de propiedad de terceros y el derecho a transferir los derechos de propiedad a un tercero (venderlos) en transacciones enteramente voluntarias.

Segundo, tiene que haber igualdad de oportunidad de acceso a todos los mercados tanto de bienes y servicios como de factores de la producción. Para que esto se dé, en el marco legal y regulatorio tiene que haber bajas barreras de entrada y salida de los mercados tal que estos operen en un contexto de competencia. Además, es función del Estado perseguir y penalizar cualquier práctica monopólica, sea esta privada o gubernamental.

Tercero, el gobierno no puede invadir la esfera privada excepto para hacer cumplir las leyes. Esto implica que el gobierno no puede intervenir en decisiones que atañen únicamente a los individuos como son que bienes consumir y de quien adquirirlos, cuánto y dónde ahorrar, la conformación de una familia, la libertad para elegir una muerte digna y la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad, entre otras. Todas estas decisiones se toman bajo el principio de la libertad para elegir y la inviolabilidad de los derechos privados de propiedad.

Que existan estos tres elementos en el arreglo institucional no es, sin embargo, suficiente. Además, tiene que haber un poder judicial independiente e imparcial que garantice y proteja los derechos naturales de los individuos y los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros que los vulneren, incluidos actos de gobierno, así como garantizar el cumplimiento de contratos entre particulares y entre estos y el gobierno.

Para que el poder judicial pueda cumplir de manera eficiente y expedita lo arriba señalado, el arreglo institucional que rige la conformación del Estado tiene que garantizar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y los jueces sean efectivamente independientes de los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, particularmente del primero. Su único compromiso tiene que ser con la aplicación imparcial del marco legal vigente, garantizando y protegiendo los derechos individuales y los derechos privados de propiedad.

Si el poder judicial no es independiente, los agentes económicos privados no tendrían la certeza de que sus derechos de propiedad estarían efectivamente garantizados y protegidos ni que en caso de violación de un contrato el poder judicial obligaría a la parte que lo violó a cumplir con las cláusulas estipuladas o adjudicar las garantías para resarcir el daño sufrido. Además, no existiría la certeza que requieren los particulares cuando actos de gobierno viole contratos con estos o cuando promulgue leyes o emita decretos inconstitucionales.

Así, la independencia e imparcialidad del poder judicial se vuelve la condición crucial para que las empresas particulares tengan la certeza jurídica requerida para invertir y modernizarse; no contar con ella inhibe el crecimiento y hace más difícil y costoso lograr mayores niveles de desarrollo económico, afectando negativamente el nivel de bienestar de la población presente y sobre todo futura.

Por lo mismo, es un grave error que los ministros de la Corte sean electos directamente mediante el voto popular; hacerlo garantizaría que se perdiera la independencia y sobre todo la imparcialidad de todo el Poder Judicial de la Federación al quedarle a deber los ministros a quienes lo apoyaron y, sobre todo, financiado su “campaña electoral”.

Twitter: @econoclasta