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Opinión

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Infodemia; la vital importancia de la comunicación en salud

José Luis Cárdenas T. / @PepoCardenasT

Las campañas comunicacionales en salud a nivel sociales, utilizadas, tanto por organismos internacionales, como gobiernos u otras instituciones vinculadas a la salud, han sido una eficaz herramienta para la prevención, diagnóstico y contribución a los tratamientos de diversas enfermedades a lo largo de los años.

En el pasado, dichas campañas tenían alto control sobre la información disponible por parte de la población, lo que en los últimos años ha cambiado radicalmente, especialmente a partir de la pandemia del COVID-19.

En relación a ésta, circularon a diversos niveles, todo tipo de versiones sobre cómo prevenir y curar esta enfermedad –cruzadas por teorías conspirativas-, desatándose una batalla comunicacional entre las autoridades de salud y diversos otros expertos o autodenominados como tales, cuyo efecto sobre la población general, su salud o vida, todavía está por dimensionarse.

Un reciente reporte de la Comisión Europea, de fines de 2022, se centró en entender quién tenía más probabilidades de creer o compartir la desinformación sobre COVID-19; cuáles fueron las consecuencias de estar expuesto a ésta o de creer en ella; y qué intervenciones de política conductual resultaron eficaces para contrarrestarla.

Dicho reporte revela que la desinformación no sólo se centró en aspectos científicos (en torno al 23% del total), sino que también se relacionó con las políticas de respuesta ante la pandemia, tomadas por los diversos gobiernos, incluso por la Organización Mundial de la Salud (“OMS”, 39% del total), además de otros aspectos. También indica que variados estudios concluyen que cerca del 30% de la población dice haber estado expuesta (percepción subjetiva) a mucha desinformación sobre el COVID-19.

Por su parte, mediciones objetivas de la desinformación (cuánto representaba del total de información disponible), la sitúan en rangos sustancialmente inferiores (información “no creíble” en rangos entre 2% al 11%, dependiendo de la plataforma y metodología).

Esa diferencia entre la percepción y la realidad habla de lo nocivo de la desinformación.

Respecto a cuán creíble era la desinformación, dependió, según diversos estudios referenciados, entre otros aspectos, del tipo de población, el tema y el momento de la pandemia, siendo las primeras etapas de ésta las más críticas, por la sensación de vulnerabilidad de la población. Todo ello tuvo un importante efecto sobre los cuidados que la población desinformada tomaba respecto al COVID-19 y la misma campaña de vacunación.

El reporte de la Comisión Europea finalmente propone medidas preventivas, como la educación de la población para identificar desinformación; medidas durante épocas de alta desinformación, como recordatorios; y aquellas para contrarrestar informaciones derechamente falsas ya identificadas.

En una línea similar, la OMS, hace escasos meses, publicó un estudio donde denominaba este fenómeno, pero ya no sólo centrado en el COVID-19, como una “Infodemia”. En este, puntualiza, que el rango de desinformación relacionada con salud en redes sociales puede llegar hasta el 28% del total.

Las consecuencias más negativas de la desinformación en salud, son el aumento de interpretaciones erróneas o incorrectas de la evidencia disponible, el impacto en la salud mental, la mala asignación de los recursos en salud y el aumento de las dudas sobre la vacunación.

Esto también retrasa la prestación de asistencia y aumenta la aparición de una retórica de odio y división.

La OMS reconoce, eso sí, que las redes sociales también podrían ser una herramienta útil para combatir la desinformación durante las crisis.

Cabe indicar que, en general, el estudio de la comunicación efectiva en salud, se había

centrado por años en aquella entre los equipos de salud y el paciente específico, pero no en los efectos de la desinformación a nivel social.

Para ello, la OMS recomienda ciertos pasos básicos para "aplanar la curva de la infodemia", que son aplicables tanto para autoridades como para la población en general, como son: revisar la fuente de la información recibida; no quedarse sólo con los titulares, sino que profundizar el alcance de lo informado, y revisar más allá de las redes sociales; identificar al autor de la información y ver cuán creíble es; verificar la fecha de la información recibida y ver si tiene relación con el contexto en que se muestra; examinar la evidencia que respalda las diversas informaciones; considerar los propios sesgos y cómo éstos podrían estar afectando la forma de evaluar la información recibida (darle más o menos credibilidad); además de recurrir a organizaciones de verificación de hechos o fact-checking.

Como puede observarse, estamos ante un fenómeno nuevo y altamente nocivo para la salud de la población, como es la infodemia. Los enormes avances científicos en cómo prevenir, diagnosticar y curar diversas enfermedades, y los altos presupuestos destinados a ello, pueden verse opacados por la desinformación en salud, que está generando más enfermos, agravamiento de cuadros y muertes evitables. Por ello, enfocarse ahora en atacar la infodemia es tan importante y urgente, y no sólo responsabilidad del sector público, sino que, de todos los actores del ecosistema de salud, siendo una responsabilidad ética, especialmente, de los profesionales de la salud, quienes se encuentran en mejor posición para hacerlo, que la población general.

La necesidad de una alerta global sobre la infodemia y sus consecuencias, debe servir para ir consensuando la forma más eficaz de prevenirla y curarla, ya que se viraliza cada vez más con mayor rapidez, afectando la salud y vida de las personas, que debe ser siempre el centro de nuestra atención.

*El autor es experto en políticas públicas en salud, Director de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud, ha sido académico en diversas universidades chilenas sobre temas relacionados con sistemas de salud.

El autor es abogado (Universidad de Chile) y Doctor en Derecho, Universidad de Friburgo, Alemania, experto en políticas públicas en salud, director de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud, ha sido académico en diversas universidades chilenas sobre temas relacionados con sistemas de salud.

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