Infraestructura: oportunidad dorada

Estamos a escasas siete semanas de que inicie la administración de Claudia Sheinbaum. La futura presidenta de México ha dejado muy claro en su gobierno será primordial impulsar la Prosperidad Compartida, que implica crecimiento económico para todos, mejores niveles de bienestar, inversión en talento y, sobre todo, el compromiso de detonar el gran potencial de México.

En dos palabras sintetiza una visión mucho más amplia que el mantra de la política social de AMLO: “primero los pobres”.  Ciertamente la urgencia de subsanar la pobreza en el país fue  uno de los grandes aciertos de López Obrador. Ya hemos hablado en este espacio sobre el éxito de AMLO en sus políticas sociales, con un claro enfoque en preservar valores y principios que la política mexicana había convertido en letra muerta.

Sheinbaum, fiel a esos valores, coloca la visión de su gobierno en una continuidad más ambiciosa. Según el diccionario de la Real Academia, “prosperidad” es “bonanza, bienestar, felicidad, holgura, expansión, éxito, auge, esplendor”.  Sería difícil encontrar mejores sinónimos para la ruta que el país requiere.

Para alcanzar esa prosperidad, Sheinbaum tendrá que navegar en un contexto político, económico y financiero internacional particularmente complejo. Las turbulencias en los mercados de estos últimos días, más la reacción internacional ante la hegemonía de Morena en el Congreso y las reformas de AMLO, requieren de decisiones claras sobre cómo se detonará la prosperidad prometida.

El próximo gobierno tendrá que atender cinco graves cuellos de botella cuya solución es indispensable para detonar el urgente crecimiento incluyente: generación y distribución de electricidad limpia; un Pemex solvente, operativo y competitivo; infraestructura de clase mundial; vivienda sostenible, sustentable y suficiente;  agua para un país con grandes riesgos de sequía.  Bien resueltos, los cinco son detonadores de crecimiento, atracción de inversión, generación de empleo, competitividad, y, desde luego, prosperidad.

En términos de infraestructura, para definir la estrategia de cómo diseñar una política más eficaz en este sector, vale la pena que se analice el barómetro que elabora Deloitte y que publicó recientemente, llamado Infraestructure for Good.  No alcanza este espacio para entrar a detalle, pero el índice está compuesto por cinco pilares, y cada uno de ellos por más de 15 variables, es decir tiene cerca de 75 componentes.

De los 30 países que son parte del estudio, México ocupa el lugar 22, con una calificación mediocre de 47 puntos, frente a 70 que tiene Canadá en el primer lugar. Quienes estén elaborando el próximo plan nacional de infraestructura tendrán información y comparativos realmente interesantes y útiles en la definición de objetivos y el diseño de lo que habría que hacer en esta materia.

Sólo por ilustrar el valor del índice, resulta alarmante que en el pilar de “Beneficios económicos y empoderamiento”, México ocupe el último lugar en oportunidades de desarrollo y creación de empleos. En el pilar de “Sustentabilidad y resilencia”, en la variable de mitigación de los efectos ambientales y descarbonización ocupamos el número 29. Otra variable donde salimos bastante mal, en el lugar 27, evalúa los esquemas de “participación del sector privado”.

Estos son tan sólo tres ejemplos de lo que una nueva política de inversión en infraestructura debería resolver: más y mejores empleos, mitigación del impacto ambiental, así como mayor claridad y certidumbre a la inversión privada.  Sobre este último punto, es un requisito sine qua non de una inversión privada que genere prosperidad compartida que se dé en un marco de transparencia y legalidad, competencia rigurosa, mejores prácticas y claros indicadores de desempeño en el corto, mediano y largo plazo. No debemos regresar a los excesos y abusos cometidos por el sector privado y funcionarios públicos durante administraciones anteriores al 2018.

El próximo gobierno puede superar los cuellos de botella ya enunciados con un esquema transparente y equilibrado (justo). Con la dirección y supervisión del Estado, se puede propiciar la participación sana del sector privado.  Empresas y gobierno no deben enfrentar un falso dilema donde, para que uno resulte triunfador, debe perder el otro. Trabajando siempre en el marco de la ley y con el compromiso conjunto de un mayor bienestar social, la iniciativa privada y el sector público pueden y deben hacer de México un imán de la inversión en una coyuntura internacional adversa.