Lectura 4:00 min
Insabi; echaron a andar el carro sin saber conducirlo
La falta de claridad sobre cómo operará el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) obedece en parte a que en la propia reforma a la Ley General de Salud (LGS) los legisladores que lo aprobaron no dejaron congruencia en los tiempos.
Al Seguro Popular (SP) le dieron sepultura el 31 de diciembre. Por ello en el decreto que se da vida jurídica al Insabi se indica que éste empezará a operar el 1 de enero.
Desde que quedó aprobado el cambio de ley, y la posterior instalación del nuevo Instituto en Palacio Nacional el 19 de diciembre, todos en el sistema público de salud sabían que el SP desaparecería con el 2019, y al inicio de año arrancaría el Insabi, pero nadie sabía como sería ese paso. Era inevitable el caos.
El problema es que echaron a andar el carro sin conocerlo y sin saber conducirlo. La nueva institución necesita un diseño adecuado de manuales y reglas de operación para poder operarlo y llevarlo a buen puerto.
Los tiempos marcados en la nueva ley del Insabi señalan que a partir de quedar instalada la Junta de Gobierno del nuevo organismo (lo cual fue el 19 de diciembre) tiene 60 días para presentar estatutos orgánicos. Eso significa que por ahí del 19 de febrero debe estar definida la estructura orgánica del Insabi, que a su vez debe ser autorizada por el equipo de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Adicionalmente, la misma Junta de Gobierno tiene 180 días para emitir las reglas de operación, y ello es a más tardar el 30 de junio próximo.
Mientras tanto, debe entenderse que los hospitales e institutos de salud que dependen del Insabi operarán como Dios les dé a entender…
8 estados rechazan al Insabi, y podrían ser 9
Todo esto ha generado grandes dudas de parte de los gobiernos estatales. Como ahora las nuevas reglas implican regresar al control de los recursos para servicios de salud desde el Gobierno federal, pero al mismo tiempo dichas reglas no están claras, es entendible que los gobernadores estén manifestando que prefieren seguir operando conforme el modelo anterior. Se supone que sí se puede, y lo dijo hace unos días el presidente López Obrador, que no están obligados a adherirse al Insabi, pero en los hechos no se sabe a ciencia cierta ello qué significará.
Por lo pronto, pudimos averiguar que son 8 gobernadores los que hasta el momento han manifestado rechazo a firmar el convenio para trabajar con Insabi. Ellos son 5 panistas: de Aguascalientes (Martín Orozco), Baja California Sur (Carlos Mendoza Davis), Durango (José Rosas Aispuro), Guanajuato (Diego Sinhué Rodríguez), y Tamaulipas (Francisco García Cabeza de Vaca).
Pero también los priístas de Hidalgo (Omar Fayad) y Coahuila (Miguel Riquelme), así como el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez.
Nos dicen que esta lista podría subir a 9 con el queretano Francisco Domínguez Servién, pero aún no se ha pronunciado abiertamente.
Siguen en espera compras faltantes
En medio de todo este inicio caótico del nuevo organismo que cubrirá la salud de todos los mexicanos sin seguridad social —los que no son derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Pemex o Sedena—, se suma además el retraso en la compra de terapias y demás insumos para la atención médica en sector público. Como ya habíamos dicho en este espacio, la compra consolidada apenas representó una pequeña proporción de los medicamentos que anualmente compra el Gobierno; falta lo más importante. Las que más urgen son las terapias de oncología, cardiología, vacunas y planificación familiar, incluidos anticonceptivos. Si la nueva oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunas, no se apura en estas compras vitales, los problemas de desabasto se extenderán por meses, y el costo lo pagarán los pacientes.