La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso. Martin Luther King México vive una muy creciente polarización del tejido social en perjuicio de la deseable armonía que el próximo cambio de gobierno requiere. Principalmente, provocada por el abrupto proceso legislativo para imponer -a toda prisa- una reforma judicial ideada por el mandatario saliente que distará de alcanzar los objetivos mil veces repetidos y que sólo pondrá en grave riesgo la administración de justicia federal y local al diluir la imparcialidad e incrementar la corrupción. Nadie del oficialismo se atreve a reconocer que el pueblo, que nada sabe sobre los poderes judiciales, sólo será utilizado para que, con su voto, se dé un barniz de legitimidad a la selección de juzgadores que, a nivel federal, se definirá en Palacio Nacional, aunque en la propuesta se diga que cada poder (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) propondrá a sus candidatos. Si el pueblo comprendiera lo que se pretende aprobar, jamás estaría de acuerdo con esta perversa reforma ya que será precisamente el pueblo el primer desprotegido, incluidos los legisladores que votarán a favor, sus familias, sus amigos y todos, nadie se salvará. La deliberada efervescencia, que no se presentó en la alternancia de partidos en la Presidencia de la República y que parecía impensable en el cambio de gobierno de correligionarios del mismo partido político, es un castigo infligido por la imprudencia y el voluntarismo del todavía presidente, quien ha ordenado a sus incondicionales e irresponsables legisladores que le “regalen” esa y otras reformas constitucionales incluidas en su denominado Plan C antes de que finalice su gestión, para lo cual no han escatimado esfuerzos en amenazas a senadores que ganaron su curul por partidos de oposición para completar la mayoría calificada. Existen muchas dudas respecto de la reforma judicial en diversas latitudes, por ejemplo, qué entidad será la responsable de revisar los recursos que se presenten; cómo es que se garantizará el respeto a los derechos humanos, y que la Suprema Corte, los tribunales, los juzgados y los juzgadores sean autónomos y estén blindados contra cualquier influencia política, amenazas o cohecho. Como efecto de ese capricho aparecen obstáculos a la futura mandataria en los ámbitos social, político, económico, jurídico e internacional y un peso devaluado. De tal suerte que la Presidencia de la República, que asumirá en breve Claudia Sheinbaum, habrá sido debilitada, contará con un muy escaso margen de maniobra y con escasos recursos para hacer frente a los compromisos de gasto heredados, todo ello con el perverso deseo de controlarla y de que el inquilino de Palacio Nacional prolongue su mandato como si su poder debiera ser eterno. Las señales han sido muy claras al darle recomendaciones en público sobre quienes han de formar parte de su gabinete y sobre las obras públicas que habrá de impulsar o terminar, entre otras. Ello es el mayor despropósito del mandatario que ya afecta al país. Nadie quiere una regresión de lo ocurrido en 1930 durante el “maximato”, ni una mandataria débil y maniatada, ni al inicio de su gobierno ni durante toda su gestión. Si a ello se le suma la constante provocación que ejercen el todavía inquilino de Palacio Nacional y sus leales y ciegos legisladores, parece que nos acercamos al borde del precipicio. Al formar parte de un mundo globalizado y ser integrantes del T-MEC, se han encendido diversas alarmas por la necedad de impulsar la demagógica reforma judicial, todas apuntan a una crisis económica como efecto de esa obsesión que se traducirían en un menor crecimiento del PIB, una menor inversión, falta de creación de empleos formales, un menor consumo y una mayor inflación. No se pierda de vista que al disminuir la generación de riqueza también disminuirá la recaudación fiscal y, por lo tanto, el gobierno contará con menos recursos para hacer frente a los programas del bienestar y al pago de la enorme deuda pública que se deja, por citar sólo dos renglones. Debe reconocerse que muchos de esos problemas ya existen pero que empeorarán por virtud de la multicitada reforma judicial. El 4 de octubre corresponderá a la presidenta Sheinbaum la celebración del bicentenario de la Constitución de 1824, en la que quedó asentada la división de poderes y que -por lo que hace al poder judicial- no previó que los juzgadores fueran electos por voto popular, como lo prevé la denominada reforma judicial doscientos años después. Desde luego es respetable el agradecimiento que la presidenta electa profesa a quien la impulsó a su candidatura e intervino y respaldó -aun violando la ley-, durante toda su campaña. Pero su lealtad debe ser a la Nación sobre cualquier otra. No puede ni debe ignorar que le están dejando un país extremadamente polarizado, sin margen de maniobra, sin recursos y que su gobierno transitará por turbulentos meses por venir y un 2025 catastrófico. Una declaración alentadora de la futura mandataria, luego de haber ganado las elecciones, es que gobernará para todas y para todos y que llevará a México por el sendero de la paz, lo que nos da la esperanza de una reconciliación nacional, ya que eso significará que su gobierno, a diferencia del que termina en pocos días, no será sectarista. Urge detener el decaimiento de las ideas y del abuso de la palabra. México no merece ser una república de palabras huecas ni de más mentiras. Es deseable que se tiendan los puentes para construir las sinergias que propicien la restauración del país, de su sociedad, de la confianza, del crecimiento, de la cultura de la paz y de la concordia. Que gobiernen más las ideas que las pasiones, que se respeten la Constitución, el Estado de Derecho y las instituciones. Como en todo cambio de gobierno surge una nueva esperanza de que las cosas mejoren para todos, y por detener la debacle nacional. *El autor es abogado y mediador profesional. X: @Phmergoldd Mail: mediador.negociador@gmail.com